El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo desconocer las operaciones de espionaje a su colega de Justicia, Andrés Idárraga Franco, pese a que la orden salió de su despacho y un sargento a su servicio es señalado como uno de los implicados.

Estados Unidos cometió dos crímenes de guerra en su primera acción contra lanchas venezolanas en el Caribe: usó un avión secreto, que pintó para simular que era civil y bombardear una lancha con once ocupantes, y mató a dos náufragos indefensos que sobrevivieron al ataque del 11 de septiembre.

Lina María Garrido Martín, Jonathan Ferney Pulido Hernández, María Fernanda Cabal Molina, y Miguel Abraham Polo Polo fueron denunciados ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de Menoscabo de la Integridad Nacional, participación de hostilidades contra la Patria, e invitar o incentivar a una intervención militar extranjera.

La denuncia fue radicada doblemente por Antonio Eresmid Sanguino Páez, ministro del Trabajo; y Roberto Andrés Idárraga Franco, ministro de la Justicia. 

Las acusaciones están contempladas en los Artículos 455 y 458 del Código Penal: Menoscabo a la Integridad Nacional e Instigación a la Guerra, respectivamente. En caso de ser culpables, los congresistas se verían en una posible pena de 26 a 45 años de prisión en el primer caso, y de 13 a 30 años de cárcel por el segundo delito.

Los fundamentos de la acusación son una serie de publicaciones hechas por los congresistas, invitando al gobierno estadounidense a capturar al presidente Gustavo Petro, y apreciando una intervención militar por parte del ejército de dicho país.

China exigió a Estados Unidos “la liberación inmediata del derrocado presiente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, y sugirió a los chinos no viajar por ahora a Venezuela.

Para China, en línea con el criterio generalizado, la intervención de Estados Unidos y las declaraciones de su presidente, Donald Trump, de que su Gobierno dirigirá a Venezuela, amenazan la paz de América Latina.

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