La India Menta

El más reciente mugido del animal presidencial dejó al descubierto su interés por silenciar y adormecer, a toda costa, los procesos sociales que ha vivido el país en su lucha por transformarse en un Estado social de derecho, donde haya cabida para distintas posturas ideológicas y se garanticen los derechos de las personas.

Ahora resulta que todo aquello relacionado con las conquistas sociales, políticas, económicas y humanas cabe en una sola palabra: «wokismo». La etiqueta pretende presentar esas luchas como amenazas contra las buenas costumbres y los sanos valores, como si reconocer derechos fuera una invitación al libertinaje y no una obligación constitucional. En últimas, lo que se pone en entredicho es buena parte del espíritu de la Constitución de 1991. 

Pero ¿qué significa el wokismo y por qué se estigmatiza un concepto que ni siquiera forma parte de la tradición política colombiana? 

La palabra woke proviene del inglés wake, «despertar». Es la forma de pasado de ese verbo y, en el inglés afroestadounidense, adquirió el sentido de mantenerse alerta frente a las injusticias, particularmente el racismo. 

La expresión "stay woke" circulaba desde antes de la década de 1960 y quedó documentada, entre otros antecedentes, en una grabación de blues de Lead Belly de 1938, vinculada al caso de los Scottsboro Boys, nueve jóvenes negros acusados injustamente en Alabama. Décadas después, el movimiento Black Lives Matter popularizó mundialmente el término, a partir de las protestas contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos.

Con el tiempo, woke amplió su campo de significados y empezó a relacionarse con la conciencia sobre las desigualdades de género, los derechos de las personas LGBTIQ+ y otras formas de exclusión. Naturalmente, estas reivindicaciones entraron en conflicto con sectores conservadores que consideran amenazantes los cambios en sus concepciones tradicionales de la familia, la sexualidad y el orden social.

Pero mientras woke surgió como expresión de alerta frente a las injusticias, wokismo se convirtió. más recientemente, en una etiqueta despectiva para desacreditar. La palabra dejó de servir para describir una sensibilidad política y comenzó a funcionar como un espantajo que se pronuncia para que aparezcan todos los males.

En Colombia, esa importación discursiva amenaza con desplazar la discusión sobre problemas que no nacieron en Washington ni necesitan traducción: la desigualdad étnica, la exclusión de las comunidades campesinas, los derechos sexuales y reproductivos, la discriminación y las disputas por la memoria histórica. Esta última, además, comprende las distintas narrativas sobre el conflicto armado, sus actores y el reconocimiento de las víctimas, incluida la responsabilidad estatal.

Tal parece que ahora debemos desconfiar de nuestras propias luchas porque el racismo colombiano se considera una importación; la desigualdad rural, una moda despectiva, y las demandas de las mujeres una conspiración internacional. Qué conveniente: cuando la historia resulta incómoda, mejor declararla extranjera. Así como con: "nos vamos a volver como Venezuela..."

La estrategia ahora consiste en presentar a feministas, activistas LGBTIQ+, ambientalistas y defensores de derechos humanos como integrantes de un mismo adversario ideológico y una supuesta amenaza contra la familia, la infancia, la religión, la economía y los valores tradicionales. Así, en lugar de debatir cada propuesta, basta con señalarla como woke para descalificarla de antemano. 

La operación funciona como les gusta a ellos, con algo muy elemental: transformar un conflicto social en una batalla moral, reemplazar los argumentos por etiquetas y convertir al ciudadano en enemigo. Ya no hay personas con derechos, experiencias y razones que merezcan ser escuchadas: hay buenos y malos, patriotas y traidores, defensores de la moral y agentes de una supuesta decadencia.

En ese terreno, la derecha que se proclama defensora, se ahorra el ejercicio de reconocer que los demás también tienen derecho a pensar, vivir y decidir, sin necesidad de preguntarse quién produjo la exclusión, quién la mantuvo ni quién tiene la responsabilidad de corregirla.

Ellos son así: prefieren los atajos a la discusión, las etiquetas a los argumentos y las advertencias apocalípticas a la evidencia. Le huyen al debate con el crucifijo en una mano y cuando la realidad amenaza con desmentirlos, queda el recurso de inventar un enemigo nuevo, ahora con nombre en inglés, para que suene sofisticado y permita disimular la miseria del argumento.

Por fortuna, en Colombia la resistencia no nació con woke, la lucha por la paz no necesita permiso y la defensa de la diversidad no depende de una etiqueta. Son procesos que tienen memoria, territorios, víctimas, organizaciones y generaciones enteras detrás.

Así que, si lo que quieren es evitar que la gente despierte, porque el negocio está en mantener a la gente dormida, pueden despedirse de su wokismo. Podrán empeñarse en apagar las luces estas criaturas oscurantistas, pero este país está más awake que nunca.

La India Menta

Vivir en democracia implica construir costumbres, hábitos y consensos sociales compatibles con la igualdad. Su propósito es garantizar que las personas tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades, no uniformar el pensamiento, sino promover el respeto por la autonomía, las libertades y la dignidad.

La democracia se precia de garantizar la igualdad de derechos y, si hay algo que no se le ha negado a ningún colombiano durante el actual gobierno, es la vergüenza. Sí, se democratizó la pena ajena. Lo que antes era una emoción individual, reservada para cuando alguien hacía el ridículo en público, se convirtió en una experiencia colectiva. Los milagrosos ponen los motivos y sus seguidores, la cara.

Ya van varios descalabros en muy poco tiempo: desde la negación del campesinado hasta los repugnantes paseos entre cadáveres; desde la ridícula sofisticación del «niño poeta» —que, en su elucubración camandulera, más parecía el «niño polla»— hasta la entronización de una virgen en el consulado de Colombia en Madrid; desde los discursos estridentes de Alejandro Ordóñez en la OEA, bramando sobre religión y familia. El absurdo ha conseguido representación diplomática, vocería internacional y disponibilidad para viajar sin restricciones.

Buena parte de los comportamientos que se exhiben, y con los que algunos se sentían identificados, comienza a percibirse como un reflejo de quienes los respaldan. Aparece entonces cierto eco de arrepentimiento o, al menos, de distanciamiento: la reflexión los lleva a preguntarse si quieren seguir asociados con un gobierno que se comporta de esa manera.

Una persona que humilla, un funcionario que miente y desprecia, un dirigente que recicla en su gabinete a los corruptos de gobiernos anteriores: todo eso comienza a parecer moralmente reprochable. La duda se instala frente al espejo y algunos electores descubren que su ignorancia también hizo campaña. El hombrecito, entretanto, contempla su propio comportamiento con satisfacción.

Las conductas que hemos presenciado no son simplemente torpes o ridículas. Algunas han estado acompañadas de daños graves, denuncias sobre posibles ejecuciones extrajudiciales —los mal llamados «falsos positivos»—, irregularidades en el manejo de los recursos y comportamientos incompatibles con las responsabilidades de quienes ejercen cargos públicos.

Es precisamente la falta de reconocimiento de esos daños lo que intensifica el malestar de quienes observan, pasivamente y con bochorno, el espectáculo.

En este momento, democratizar no significa hacer algo bueno. Por eso, parece que se está ampliando el acceso a la corrupción, la estupidez, la impunidad y el cinismo. Ahí tienen a los herederos de los ladrones emblemáticos del país, expandiéndose emancipados, sin el menor sonrojo.

Ahí tienen democratizada la degradación: para que nadie se sienta culpable por mentir, incumplir o traicionar sus principios; para que la moral se nivele por lo bajo y, en lugar de exigir mejores comportamientos a quienes ejercen el poder, terminemos normalizando los peores.

La arbitrariedad también se democratiza mediante un abuso de autoridad que se disfraza de justicia. De ahora en adelante, no sorprenderá que cualquiera imponga su voluntad sin rendir cuentas. Y es que ya casi nadie las exige: los medios de comunicación privados parecen andar muy cómodos, justificando la ausencia de los límites que antes reclamaban para todo.

¿Qué puede ser más democrático que una sociedad en la que todos sintamos vergüenza por las torpezas ajenas, mientras la secta milagrosa no se avergüenza de nada? ¿Se perdieron los principios y las promesas que juraron cumplir durante la campaña, o nunca los compartieron y apenas ahora algunos descubren que compraron un proyecto político con letra menuda? 

La gran paradoja es que empezamos a sentir vergüenza por el desgobierno mientras este parece haber desarrollado inmunidad. Los ciudadanos experimentan pena ajena; el poder, en cambio, administra la pena propia como un impuesto que pagan los demás.

En algún momento, sus protagonistas considerarán que el progreso habrá completado su curso si dejamos de distinguir entre la dignidad y el descaro, entre la libertad y el abuso, entre gobernar y salirse con la suya.

Para ellos, la sociedad de iguales será un logro cuando todos tengan el mismo derecho a no responder por sus actos; cuando, en lugar de escandalizarnos y avergonzarnos colectivamente, nos acostumbremos a perder la capacidad de reconocer las conductas inaceptables y terminemos callando. 

Ya que democratizaron la vergüenza y, de paso, la desvergüenza, aprovechen para aplaudir. Hacerlo por cualquier cosa también debe de ser un síntoma de democracia. No sean excluyentes: aquí hay motivos y vergüenza para repartir. Con los aplausos, al fin, habremos alcanzado la igualdad: el poder hará lo que se le dé la gana, siempre que la unanimidad de la ovación celebre sus arbitrariedades.

Sr. Malajunta

Antes, el Congreso de Colombia era un corral de gallinas saraviadas.

Todo eran cacareos. Pero, de huevos, nada…

A la manera de Guillermo Valencia sobre José Asunción Silva, algunos políticos sacrificaban a Colombia para pulir una frase pendeja.

Cada discurso era un desfile interminable de latinajos y referencias a los clásicos griegos y romanos.

Todo, en un lenguaje ostentoso, grandilocuente y altisonante, pero vacío, que nadie entendía en la Colombia del 75 por ciento de analfabetismo de entonces.

Pero así ganaban elecciones y se mantenían en el poder.

En especial los políticos del entonces Gran Caldas, todos fascistas, muchos de ellos adoradores de la camisa negra, recurrían a las citas en latín (en griego, no, porque se mordían la lengua).

Un grupo de ellos, los más fascistas, los más regodos, los más recalcitrantes, se hacía llamar Los Leopardos.

Entre ellos estaban Silvio Villegas, Augusto Ramírez Moreno y Eliseo Arango.

Pero, unos tales Fernando Londoño Londoño (padre del ultracorrupto uribista del mismo nombre), Silvio Villegas, Antonio Álvarez Restrepo, también se atragantaban con sus discursos ininteligibles.

Alguien bautizó la verborrea grecolatina como grecoquimbaya…

La pretensión, nunca explícita, de estos políticos, fue tener cada uno su propio feudo. Y lograron que Caldas pariera a Quindío y Risaralda.

Estos andinos no eran los únicos que no se daban a entender, y, además, no les importaba.

Como tampoco les importaba a otros, con su estilo de medias palabras, sin eses y con muchas jotas. Y ninguna idea en favor del país.

En lenguaje chabacano, desabrochado, a veces, ramplón y directo, estos políticos también buscaban sus propios fortines electorales.

Ají najieron Córdoba, Jucre y Cesar.

Lejos de los acartonamientos de los fascistas andinos, estos sacrificaban a Colombia, el idioma, las llamadas buenas maneras… todo, en realidad, para no quedarse atrás.

Hablaban sin parar, no moderaban el lenguaje, pero tampoco decían nada útil.

Y si a unos nadie les comprendía las ideas, a estos no les entendían las palabras.

El hecho es que, como ahora, un poco más, la verdad, el Congreso era un lugar para hablar y hablar y hablar, y cobrar por ello.

En su mayoría eran de la costa Norte, pero con mucha cercanía con Montería y lo que es hoy Córdoba.

Entre ellos figuraban Remberto y su hermano Benjamín Burgos Puche. Al primero le atribuyen la creación de Córdoba.

Al otro, los discursos que dieron pie al bautizo del estilo oratorio de estos norteños.

Eran, también, regodos, como los de Caldas, y, además, adoradores de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.

Dicen que fue un expresidente, o un periodista, o un asistente a las sesiones del Congreso, el que bautizó el estilo discursivo con un nombre demoledor.

Dicen que dijo que era mejor escuchar el discurso grecoquimbaya que el romosinuano.

El término es, sí, el nombre de una raza de vacunos desarrollada en ganaderías del Sinú.

Sus ejemplares son romos, es decir, no tienen cuernos. Como los discursos de los políticos, que no causaban efecto alguno.

Desde luego, los dos calificativos se olvidaron.

Pero, al menos en lo relativo al romosinuano, algo persiste.

Los herederos de los de entonces son los gamonales corruptos de hoy.

En la política hay descendientes directos de Los Leopardos grecoquimbayas y de los romosinuanos de entonces.

Es probable que en lo alto del Gobierno haya alguien con raíces en Córdoba, herencia ancestral sinuana, que en vez de hablar grite y amenace, que una frases sin sentido y que esconda tan bien sus ideas que, quizás, hasta hoy, nadie haya podido pillarle una.

Ese es el más puro estilo romosinuano.

Y es también probable que, en recuerdo de los felinos fascistas de aquella época, sea fascista, atropellador y payaso de semáforo, y que se haga llamar león o puma u ocelote. O tigre.

Todo es posible.

La India Menta

Vivimos en un país con cierta robustez tecnológica, algo de modernización, riqueza ambiental, diversidad étnica y solidez de pensamiento —en varios casos—. Pero, pese a esa apariencia de avance, rápidamente se están instalando acciones de extremo conservadurismo basadas en la dominación, la obediencia y la concentración del poder.

¿Qué llama la atención de un discurso violento, como el del hombrecito de la Casa de Nariño? ¿Qué resulta tan atractivo como para que no se rechacen sus actitudes y decisiones autoritarias, sino que se admire a un personaje tan básico, que vive en un mundillo de dictadorzuelo corroncho? ¿Qué lleva a las personas a esa suerte de primitivismo político, a un entendimiento tan elemental en el que el fuerte domina al débil; la violencia produce admiración en lugar de rechazo; el castigo gana legitimidad? ¿Qué hace privilegiar a “mi líder” por encima de “mis instituciones” o “mis derechos”?

Desde que se inició el actual gobierno, e incluso durante la campaña, la amenaza, el insulto, la humillación pública, la exhibición de la capacidad de castigo y la demostración de que hay un líder que “no le teme a nadie” parecen funcionar para quienes ya han dejado de cuestionar a una persona a la que le permiten cualquier cosa.

Ciertamente, la violencia tiene una enorme ventaja comunicativa: simplifica el mensaje y no exige demasiadas explicaciones. Quien adopta esa lógica responde al espejismo de la efectividad y a un resentimiento visceral que no reclama respuestas. No necesita comprender el sistema complejo de normas, la historia política o los argumentos que explican un problema, sino identificarse con una estructura emocional elemental: el odio y el rechazo.

Si hay un problema económico, “es culpa de ellos”; si hay uno de seguridad, “hay que aplastarlos” —o destriparlos—; si hay conflictos migratorios, “son una amenaza y hay que expulsarlos”; si hay retos electorales, “nuestros enemigos destruyen el país”. Y así, hasta que la complejidad desaparece y únicamente se desarrolla una estructura binaria, simplísima: amigo-enemigo, fuerte-débil, vencedor-vencido.

Dicha estructura no necesita una elaboración intelectual profunda: basta con lo emocional, con una organización binaria del mundo propia del pensamiento autoritario y conservador, según la cual se necesita a alguien sin miedo de hacer lo necesario, incluso a costa de sacrificar los propios derechos, la convivencia y, eventualmente, la vida misma.

Aunque Colombia es una sociedad que institucionalmente cuenta con una organización política, también enfrenta los esfuerzos por erosionar y tergiversar su memoria social. Cuando esa memoria se debilita, resulta más fácil dejar de analizar y cuestionar y abreviar la realidad en categorías elementales: amenaza, enemigo, fuerza, castigo y victoria.

En el actual gobierno, la simplificación del mundo domina buena parte del debate público. El uso del miedo, por ejemplo, permite eludir el diálogo sobre conflictos históricos no resueltos: la tenencia de la tierra, la desigualdad y las soluciones a la guerra implican conocimiento y decisiones retadoras, mientras que el miedo permite aceptar una idea mucho más básica: “estamos en peligro y necesitamos a alguien fuerte”.

Cuanto más compleja es la realidad, más atractivo puede resultar el discurso ramplón, la exhibición de cadáveres, los berridos sobre firmeza y patria, porque avivan la sensación de que se está haciendo algo para resolver los problemas.

No hace falta que la acción sea eficaz. Tampoco se reflexiona sobre la transgresión de las normas, porque la política empieza a entenderse como una demostración de fuerza y como la oferta de algo que sí gusta a los seguidores de esa ideología: obediencia.

El miedo, la fuerza y la obediencia pasan a ser actitudes admirables y no condicionamientos que afectan las libertades o ponen en peligro la seguridad. Justamente porque el líder es peligroso, se avala —y a bala— que proteja a quienes lo eligieron.

En este momento, no solo hay un líder político que ha utilizado la violencia, en la palabra y en la acción, sino que hay personas que entienden esa violencia como señal de capacidad, autoridad y protección y que, en otras circunstancias y con otros representantes, seguramente la considerarían motivo de absoluto repudio.

En muy poco tiempo, o tal vez sobre un terreno sabiamente abonado para impedir la deliberación, se pasó de cuestionar todo lo que se hacía en un gobierno al permanente aplauso de lo que se proponga y se haga, incluso si ello implica acabar con todo, expulsar migrantes, silenciar periodistas, reducir presupuestos, e ir en total contravía de lo que se ofreció en campaña y que deslumbró a quienes encontraron en esas respuestas elementales una solución para problemas complejos.

Después de más de seis décadas de violencia, sus seguidores encontraron atractivo llamar seguridad a la fuerza letal, firmeza al castigo y liderazgo a la capacidad de someter.

¡Qué manera arcaica de hacer política! ¡Cuán elementales estos pobres adoquines que van por el mundo creyendo que gobernar es levantar la cachiporra para que todos entiendan quién manda! ¡Todavía creen que el progreso consiste, simplemente, en fabricar un garrote más grande! Ay, son tan elementales...