La India Menta

Vivimos en un país con cierta robustez tecnológica, algo de modernización, riqueza ambiental, diversidad étnica y solidez de pensamiento —en varios casos—. Pero, pese a esa apariencia de avance, rápidamente se están instalando acciones de extremo conservadurismo basadas en la dominación, la obediencia y la concentración del poder.

¿Qué llama la atención de un discurso violento, como el del hombrecito de la Casa de Nariño? ¿Qué resulta tan atractivo como para que no se rechacen sus actitudes y decisiones autoritarias, sino que se admire a un personaje tan básico, que vive en un mundillo de dictadorzuelo corroncho? ¿Qué lleva a las personas a esa suerte de primitivismo político, a un entendimiento tan elemental en el que el fuerte domina al débil; la violencia produce admiración en lugar de rechazo; el castigo gana legitimidad? ¿Qué hace privilegiar a “mi líder” por encima de “mis instituciones” o “mis derechos”?

Desde que se inició el actual gobierno, e incluso durante la campaña, la amenaza, el insulto, la humillación pública, la exhibición de la capacidad de castigo y la demostración de que hay un líder que “no le teme a nadie” parecen funcionar para quienes ya han dejado de cuestionar a una persona a la que le permiten cualquier cosa.

Ciertamente, la violencia tiene una enorme ventaja comunicativa: simplifica el mensaje y no exige demasiadas explicaciones. Quien adopta esa lógica responde al espejismo de la efectividad y a un resentimiento visceral que no reclama respuestas. No necesita comprender el sistema complejo de normas, la historia política o los argumentos que explican un problema, sino identificarse con una estructura emocional elemental: el odio y el rechazo.

Si hay un problema económico, “es culpa de ellos”; si hay uno de seguridad, “hay que aplastarlos” —o destriparlos—; si hay conflictos migratorios, “son una amenaza y hay que expulsarlos”; si hay retos electorales, “nuestros enemigos destruyen el país”. Y así, hasta que la complejidad desaparece y únicamente se desarrolla una estructura binaria, simplísima: amigo-enemigo, fuerte-débil, vencedor-vencido.

Dicha estructura no necesita una elaboración intelectual profunda: basta con lo emocional, con una organización binaria del mundo propia del pensamiento autoritario y conservador, según la cual se necesita a alguien sin miedo de hacer lo necesario, incluso a costa de sacrificar los propios derechos, la convivencia y, eventualmente, la vida misma.

Aunque Colombia es una sociedad que institucionalmente cuenta con una organización política, también enfrenta los esfuerzos por erosionar y tergiversar su memoria social. Cuando esa memoria se debilita, resulta más fácil dejar de analizar y cuestionar y abreviar la realidad en categorías elementales: amenaza, enemigo, fuerza, castigo y victoria.

En el actual gobierno, la simplificación del mundo domina buena parte del debate público. El uso del miedo, por ejemplo, permite eludir el diálogo sobre conflictos históricos no resueltos: la tenencia de la tierra, la desigualdad y las soluciones a la guerra implican conocimiento y decisiones retadoras, mientras que el miedo permite aceptar una idea mucho más básica: “estamos en peligro y necesitamos a alguien fuerte”.

Cuanto más compleja es la realidad, más atractivo puede resultar el discurso ramplón, la exhibición de cadáveres, los berridos sobre firmeza y patria, porque avivan la sensación de que se está haciendo algo para resolver los problemas.

No hace falta que la acción sea eficaz. Tampoco se reflexiona sobre la transgresión de las normas, porque la política empieza a entenderse como una demostración de fuerza y como la oferta de algo que sí gusta a los seguidores de esa ideología: obediencia.

El miedo, la fuerza y la obediencia pasan a ser actitudes admirables y no condicionamientos que afectan las libertades o ponen en peligro la seguridad. Justamente porque el líder es peligroso, se avala —y a bala— que proteja a quienes lo eligieron.

En este momento, no solo hay un líder político que ha utilizado la violencia, en la palabra y en la acción, sino que hay personas que entienden esa violencia como señal de capacidad, autoridad y protección y que, en otras circunstancias y con otros representantes, seguramente la considerarían motivo de absoluto repudio.

En muy poco tiempo, o tal vez sobre un terreno sabiamente abonado para impedir la deliberación, se pasó de cuestionar todo lo que se hacía en un gobierno al permanente aplauso de lo que se proponga y se haga, incluso si ello implica acabar con todo, expulsar migrantes, silenciar periodistas, reducir presupuestos, e ir en total contravía de lo que se ofreció en campaña y que deslumbró a quienes encontraron en esas respuestas elementales una solución para problemas complejos.

Después de más de seis décadas de violencia, sus seguidores encontraron atractivo llamar seguridad a la fuerza letal, firmeza al castigo y liderazgo a la capacidad de someter.

¡Qué manera arcaica de hacer política! ¡Cuán elementales estos pobres adoquines que van por el mundo creyendo que gobernar es levantar la cachiporra para que todos entiendan quién manda! ¡Todavía creen que el progreso consiste, simplemente, en fabricar un garrote más grande! Ay, son tan elementales...

La India Menta

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), en Estados Unidos, no es solamente una organización vinculada a la cultura de las armas: también es un actor político que defiende los derechos asociados con la Segunda Enmienda y, a través de su brazo de incidencia legislativa, participa activamente en el debate sobre las leyes de armas. La propia organización presenta la defensa del derecho a poseer y portar armas como una defensa de la libertad.

En 2024, 44.447 personas murieron por lesiones relacionadas con armas de fuego en Estados Unidos, según datos del CDC. La cifra incluye 27.593 suicidios, 15.364 homicidios y otras muertes relacionadas con armas de fuego, incluidas algunas ocurridas durante intervenciones policiales, accidentes y circunstancias indeterminadas.

La dimensión de esta tragedia no parece haber desplazado del centro del debate una idea que durante décadas ha sido fundamental para la cultura política estadounidense de las armas: que estar armado es una forma de ejercer la libertad, protegerse y conservar autonomía frente a las amenazas. La propia NRA ha construido buena parte de su discurso alrededor de esa asociación entre armas, libertad y autodefensa.

La posesión de armas en manos de “la gente de bien” adquiere ahora en Colombia un nuevo significado, de la mano del hombrecito que parece empeñado en reconfigurar la legitimación del uso —esta vez no tan simbólico— de la violencia en la política, y también en convertir el arma en un recurso de espectacularidad.

Una investigación académica sobre cultura de las armas en Estados Unidos ha mostrado que, para algunos propietarios, el arma puede representar mucho más que seguridad: puede proporcionar identidad social, estatus, valor propio, sensación de control y hasta una forma de reconocimiento moral. En determinados sectores, incluso puede adquirir un carácter sagrado.

En Estados Unidos, distintos estudios han encontrado una relación entre el nacionalismo cristiano y la oposición a una regulación más estricta de las armas. Para algunos de estos grupos, el derecho a portar armas no es solamente un asunto jurídico o de seguridad: puede estar vinculado con una concepción religiosa que puede entender el derecho a portar armas como otorgado por Dios.

Poner la otra mejilla no parece ser, para ciertas expresiones de esta cultura política, el valor cristiano más visible. En cambio, salir armado, proteger a los suyos, encaja mucho mejor en su fe y otorga estatus e identidad.

En Colombia, donde las armas han estado asociadas durante décadas con el conflicto armado, el narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia y la violencia política, convertirlas nuevamente en símbolos de autoridad debería generar, por lo menos, una discusión pública.

Que una sociedad, acostumbrada a usar la violencia como mecanismo de resolución de conflictos, se habitúe a verla como una virtud cuando viene con un crucifijo, una oración, o un discurso sobre el orden es demasiado peligroso.

Por eso, tal parece que el riesgo ya no es volverse como Venezuela, un discurso que finalmente terminó agotándose bajo el peso de su propia pobreza argumentativa. El riesgo, podría ser volverse como Estados Unidos, un país donde el arma es instrumento de libertad, sin mayor cuestionamiento sobre sus consecuencias.

Ya sabemos cómo funciona la fórmula: se reza, se persigna, se habla de Dios y, por si acaso, se lleva una pistola.

Si para demostrar autoridad hay que exhibir un arma, entonces la pregunta ya no sea qué tan armado está el hombrecito, sino qué tan débil debe sentirse cuando necesita un arma para parecer poderoso.

Sr. Malajunta

Si acudo a un arma para enfrentarlo a usted, es porque, en ese momento, usted es más poderoso que yo.

O, al menos, lo percibo como alguien capaz y dispuesto a hacer mucho daño..

Es lógica de jardín infantil.

Y si represento al Estado, estoy admitiendo que, por ejemplo, a las llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) las percibo con un poder tal que me obligan a fajarme un arma.

Y que no dispongo de fuerza institucional, jurídica o disuasoria.

Así, Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un tipo muy poderoso: obligó a todas las policías del mundo a unirse para combatirlo.

Si usted fuera cualquier chisgarabís que amenaza, pero que no pasa de ser solo una molestia, ¿para qué pistola?

En este sentido, quien está a cargo de un Estado debe tener en cuenta siempre, siempre, que ostenta la más alta dignidad.

Pero, como chusmero chulavita, radio en mano, pistola al cinto, chaleco blindado, gorra y exagerados gestos militares, rodeado de guaruras, policías y soldados obligados, y con un ¡Viva Cristo Rey! antes durante y después, salir a mostrarse, es solo una payasada de circo menesteroso.

Algo de recato debe quedarle a alguien que actúe así, para aprovechar la noche y recorrer las calles vacías, ante un coro de guachimanes extrañados y nerviosos…

Probablemente, ese alguien lo hizo enfilado con la doctrina militar criolla según la cual, llamar narcoterroristas, bandoleros y bandidos a los combatientes irregulares es suficiente para infundirles terror y obligarlos a esconderse en las profundidades del planeta.

En esas, han pasado al menos siete décadas, y ni uno solo de los guerrilleros o de los paramilitares se ha sentado siquiera a llorar porque los militares le dijeron bandido.

Tampoco se va a desvelar nadie en el monte, porque alguien con el cabello postizo bien peinadito, con caminado ligero y cortito y pantalones ajustadísimos le diga, subliminalmente, que lo va a destripar…

Personas duras, muy curtidas, como guerreras que son desde hace largo rato, acostumbradas a enfrentar cada día todo el poder del Estado, ni siquiera reirán.

¿Para qué gastar pólvora en gallinazos?, reflexionarán y seguirán durmiendo.

Un pobre tipo así ni siquiera imagina que, como dice el pueblo, “le están midiendo el aceite…”

El sainete de hace pocos días podría (y debería) no tener repetición.

Ya se sabe cómo reaccionan las personas deseosas de mostrarse, de buscar inútilmente convertirse en las vedetes de la función, de exigir, sin decirlo, el reconocimiento que les genera satisfacción.

Es onanismo en público que, por otro lado, a quien lo practica le puede traer como consecuencia que, en un episodio similar, ofrezca el blanco perfecto para un buen tirador de los que el Ejército entrena, y abandona cuando lo despide de las filas.

Así, repetir el episodio será de irresponsabilidad mayúscula, porque no solo pueden neutralizar (como le dicen los militares a cada muerte que provocan) a la persona que se cree Sam Pistolas, sino que da origen a problemas muy serios.

Por ejemplo, si el hecho tuviera como protagonista al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de la República de Colombia, dejar el país en manos del vicepresidente actual no tendría nombre.

Porque, si el suplente gobierna como baila, “apagá y vámonos”.

De todos modos, un episodio así, en el que la cabeza del Estado se arma, dejaría una triste lección: si la persona llamada a ser la más ponderada, la más sensata y confiable, se envalentona y se arma, porque no es capaz de persuadir sino de amenazar, ¿por qué no armarme yo también?

Desde luego, hacer análisis serios es difícil para algunos servidores públicos, venidos a más por razones que no vienen al caso.

Quizás, ello explique la tendencia de quienes administran el poder del Estado, de creer que organizaciones armadas que dominan territorios, imponen sus leyes, se convierten en la autoridad, organizan paros armados y cobran impuestos, son algo así como nubes de pispirispis.

En la Sierra Nevada, como en Norte de Santander, la Orinoquia, parte de la Amazonia, Chocó, Cauca, Nariño, Valle y muchas otras regiones, hay organizaciones armadas compartiendo el poder del Estado. Son, a veces, el Estado.

Aunque en San Carlos/Casa de Nariño/Barranquilla no quieran admitirlo y consideren que con desfile de vodeville pueden ganar la guerra...

Por eso, si es cierto que un alto servidor público salió armado por las calles de Santa Marta, con la intención de amenazar a organizaciones irregulares armadas, no deja de ser un episodio ridículo, absurdo, un acto de burlesque.

Por qué será tan difícil que quienes deban entender no entiendan que un hombre armado puede convencer a cien; ¿pero, otro, con solo la palabra, puede convencer a miles?

En estos tiempos, hay una razón para no entenderlo: se prefiere el espectáculo, el actuar como Sam Pistolas. Solo que sin su enorme bigote, aunque con su berba embetunada, como dijo alguien.

El refranero puntualiza en que “arma en mano, cualquiera es valiente”, Pero, no siempre.

Qué interesante sería ver a un estrambótico personaje, armado con radio, pistola, chaleco antibalas, gorra y saludo militar, solo, frente a frente con el menos experto de los Pachenca…

Ninguno correría, es seguro.

El guerrero no, porque no tendría temor alguno de alguien armado al frente. Al fin y al cabo vive en la guerra.

El otro, el filipichín, el lechuguino, tampoco, porque de rodillas nadie corre.

La India Menta

Un gobierno autoritario jamás hablará de sus decisiones en términos negativos. Hablará de controles, seguridad, protección o regulación, según convenga, para evitar palabras más incómodas: censura, vigilancia, persecución o castigo.

En el actual mandato, la predilección parece estar en controlar distintas áreas de la vida pública, comenzando por los medios de comunicación.

Los gobiernos autoritarios, o aquellos que avanzan en esa dirección, pueden utilizar la noción de controlar para intervenir en el espacio público y reducir progresivamente la discusión crítica, para tener la certeza de orientar, restringir o determinar lo que otro hace.

El actual gobierno de Colombia parece que no necesita repetir: “no puedes hacer esto”. Más bien, se ha dedicado a organizar el espacio, clasificar, señalar y producir determinadas conductas. La cuestión, entonces, no es solamente qué se prohíbe, sino qué tipo de sujeto se pretende producir y qué comportamientos se vuelven aceptables dentro de ese orden.

Silenciar o expulsar al exdirector del DANE, restringir las ruedas de prensa, limitar los mecanismos de información ciudadana, imponer determinadas creencias, amenazar al progresismo o dejar de lado la protección de derechos de la población LGBTI son, entre otros, hechos que merecen algo más que el tratamiento de simples anécdotas presidenciales: requieren análisis.

El poder soberano tradicional hacía visible su fuerza mediante el castigo público: el condenado era exhibido para demostrar el poder del soberano. Con la modernidad apareció el poder disciplinario, basado en la vigilancia, la clasificación, la evaluación y la corrección.

Con el hombrecito, hemos visto que conviven ambas lógicas: el castigo como espectáculo, por ejemplo, mediante la exhibición de cadáveres; y la disciplina, mediante la organización de las condiciones para que las personas aprendan cómo deben comportarse.

El dispositivo disciplinario compara, jerarquiza, homogeniza y excluye. No solo castiga conductas: también produce personas clasificables y establece cuáles formas de ser resultan aceptables.

Clasificar no significa simplemente poner una etiqueta. La clasificación puede producir diferencias de valor: unos sujetos aparecen como normales, legítimos, confiables o deseables; otros, como desviados, peligrosos, ilegítimos o indeseables. Universitarios, gays, académicos, analistas económicos o comerciantes pueden terminar siendo juzgados menos por su historia, sus argumentos o su trayectoria que por el lugar que ocupan dentro del sistema de categorías impuesto.

Una sociedad democrática necesita que distintos sujetos puedan participar en la esfera pública y someter las decisiones del poder a discusión. ¿Qué ocurre, entonces, cuando ciertas categorías dejan de ser consideradas interlocutores legítimos?Periodista serio / periodista militante. Organización social legítima / organización sospechosa. Experto / activista.

De ahí la necesidad de estar alerta, porque estos mecanismos de regulación, clasificación y control no son neutrales, en lo absoluto, sino que se instalan en una estructura lógica de clasificación, señalamientos y exposición de determinadas personas como problemáticas, peligrosas o poco confiables.

El dispositivo es sencillo: regula para establecer las condiciones de la conducta; clasifica para determinar qué sujetos se ajustan a ellas; disciplina mediante la vigilancia, la corrección y la sanción; y controla cuando consigue efectos reales sobre lo que las personas pueden o deciden hacer.

El panorama no es bueno, queridos lectores; más bien está regular. Regular, regular, regular...