El expresidente Álvaro Uribe Vélez se levantó del banquillo de los acusados y abandonó el juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá que lo procesa por los delitos de soborno y fraude procesal y manipulación de testigos.
Antes de salir del recinto, Uribe y su defensor, Jaime Granados Peña, recusaron a la jueza Sandra Liliana Heredia y le pidieron declararse impedida para continuar con el juicio, que, por primera vez en la historia, puede llevar a un expresidente colombiano a la cárcel.
El Jefe de Gabinete, Armando Alberto Benedetti Villaneda, fue acusado formalmente por la Corte Suprema de Justicia, que lo llamará a juicio criminal por el delito tráfico de influencias.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia señaló que Benedetti será enjuiciado por su presunta participación en un entramado corrupto ligado a la contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).
El año 2025 mostró su primer caso de corrupción: el Muelle 13 de Buenaventura. Allí, el gobierno nacional destapó una serie de irregularidades que ponen en peligro la vida, la salud pública, el trabajo digno y el desarrollo económico del principal puerto de Colombia.
El Muelle 13 de Buenaventura es un terminal marítimo, especializado en el atraque de buques graneleros, es decir, aquellos barcos que transportan productos no envasados, como granos, minerales y fertilizantes. Es propiedad del Estado Colombiano, a través de la Armada Nacional.
En 1997, el fondo rotatorio de la Armada Nacional atribuyó un contrato de homologación a Grupo Portuario S.A, y Ventura Group. Ese contrato de homologación, permitió a la Armada arrendar el muelle a Ventura Group para su administración. El contrato finalizó el 6 de enero de 2025, 27 años después de su firma.
Colombia no es solo tierra de poetas, como escribió Guillermo de Torre. Ni tierra de leones, para estar de acuerdo con el poeta nicaragüense Rubén Darío.
Es más un país donde carteles, mafias, pandillas de ladrones y corruptos están enquistados en lo más profundo del Estado.
En el tercer año del gobierno del cambio, el presidente Gustavo Petro continúa pagando las millonarias deudas públicas que no solicitó él, ni que representan proyectos de gobierno; sino que han sido heredadas por sus antecesores, especialmente por el incompetente Iván Duque.
En total, la deuda del gobierno asciende a 216,03 billones de pesos. Lo curioso, es que solo 44 billones han sido solicitados por Petro. Los otros 171 billones (80%), son deuda que le han dejado los expresidentes, expertos en raspar la olla de las finanzas públicas.
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