Medellín

Alejandro Ramelli Arteaga hizo como dijo Mahoma: no esperó que la montaña viniera a dónde él, sino que la visitó.

Él es el presidente de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) y, en Medellín, fue a La Escombrera, la enorme montaña de desperdicios y basura donde el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez pretendió esconder, en 2002, la hecatombe sangrienta cometida en la extensa barriada de la Comuna 13 por agentes del Estado aliados con criminales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez defendió con energía la criminal actuación de la Fuerza Pública durante la siniestra Operación Orión  que en 2002 dejó centenares de desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente en la Comuna 13 de Medellín.

Entonces, Uribe recién había asumido la presidencia de Colombia y, por lo tanto, la jefatura de las Fuerzas Armadas.

En la operación participaron centenares de soldados, policías y miembros de fuerzas especiales, apoyados por grupos de paramilitares ilegales, todos bajo la coordinación del general Mario Montoya Uribe, comandante de la VI Brigada del Ejército.

La corrupta ex Alta Consejera para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova (Alianza Verde), fue enviada a la cárcel de El Buen Pastor, por la juez 3 penal municipal de Control de Garantías de Bogotá, dentro del proceso por el escándalo de corrupción dentro de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Ortiz figura en el proceso como mensajera del expresidente del Senado, Iván Leónidas Name Vásquez (Alianza Verde), a quien le llevó un soborno de 3 000 millones de pesos en efectivo para que, supuestamente, facilitara la aprobación de proyectos de ley.

El presiente Gustavo Petro se reafirmó en su denuncia de que la junta directiva de Coosalud permitió el robo de 200 000 millones de pesos del Estado por parte del presidente de la Empresa Prestadora de Salud (EPS) de la que hacen parte.

Petro lo hizo cuando se negó a rectificar lo que dijo, ante una petición en tal sentido de los siete directivos, todos altos personajes de la vida pública.