La meta del Gobierno colombiano es erradicar este año 30,000 hectáreas de cocales de uso ilícito, según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, citada por un diario de Bogotá.
La cifra significa un ajuste de tres veces la meta incumplida del año pasado, de 10,000 hectáreas erradicadas, que no se alcanzó por 600.
El presidente Gustavo Petro denunció que 62,664 armas del Estado están perdidas en Colombia, lo que puede significar que existe un ejército privado muy poderoso.
Esas armas podrían estar en poder de organizaciones criminales.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó capturar al exsenador de Cambio Radical (CR) Antonio Guerra De La Espriella y encarcelarlo por 11 años y cinco meses, como ficha clave del caso de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.
Además, decidió que deberá pagar una multa de 1.175 millones de pesos y quedará inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años y cinco meses.
Álvaro Uribe Vélez sigue perdiendo en el proceso al que está sometido por tres crímenes: soborno, fraude procesal y soborno de testigos.
Su defensa, encabezada por Jaime Granados Peña, acusó a la jueza de Uribe, Sandra Liliana Heredia, de actuar con parcialidad y de hacer manifestaciones indebidas fuera del proceso.
Es una fortuna inmensa la que gasta el Estado en escoltas y camionetas de seguridad para los congresistas.
De acuerdo con el semanario Cambio, en tres años, ofrecerles servicios de seguridad a senadores y representantes y otros funcionarios del Congreso le costó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) más de 400,000 millones de pesos (unos 135,000 millones cada año).
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