Ahora sí están acobardados y temerosos de que los maten.

Pero, para robar el dinero público, Olmedo de Jesús López Martínez, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez y Luis Eduardo ‘el Pastuso’ López Rosero no se mostraron así.

Esta vez, los ex altos directivos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) dejaron de lado lo ladinos, lo arrogantes y lo atrevidos que fueron, y suplicaron a la Justicia que los enviara a fuertes militares y no a una cárcel, como a todos los demás criminales.

La Sala Pernal del Tribunal Superior de Bogotá no se dejó asustar, como otras instancias judiciales cuando se trata del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y no aceptó anular el proceso criminal al que está sometido por fraude procesal y soborno en actuación penal.

Con una decisión en tal sentido, el tribunal aseguró que, contra la opinión de Jaime Granados y Jaime Lombana, defensores de Uribe, no ha habido vulneración del debido proceso, y que todo lo actuado queda en firme.

El ex subdirector del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (Das) José Miguel Narváez Martínez fue condenado de nuevo por la Justicia, esta vez a 12 años de prisión, por tortura agravada contra la periodista Claudia Julieta Duque Orrego.

A su vez, el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, dispuso nuevamente copias del proceso para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigue, por los mismos hechos, al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Narváez es considerado uno de los ideólogos del paramilitarismo en Colombia, un fenómeno de violencia políticas entre civiles organizados como Ejército y organismos de seguridad del Estado, que dejó (y aún deja) millares de asesinados en todo el territorio nacional.

La Justicia ha acusado a Narváez de instigar asesinatos como el del periodista y humorista Jaime Garzón, en agosto de 1999, y el político comunista Manuel Cepeda Vargas.

En 2019, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Narváez a 267 años de prisión por el crimen del humorista. La defensa apeló el fallo, pero la Corte Suprema lo dejó en firme en 2021.

Narváez también fue condenado en 2016 a ocho años de prisión por ordenar seguimientos ilegales a periodistas, políticos, líderes sociales y activistas de derechos humanos, a través de un grupo secreto llamado G3, que él formó con miembros de varios organismos de seguridad del Estado.

Según el excomandante de las paramilitares Autodefensas Unidad de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso, Narváez había seleccionado un grupo de políticos a los que declaró objetivos militares, entre quienes figuraban el actual presidente, Gustavo Petro, el excanciller Álvaro Leyva Durán, la fallecida congresista Piedad Córdoba y Alirio Uribe Muñoz.

Esta vez, Narváez fue condenado por las "interceptaciones ilegales, seguimientos y tortura psicológica" contra la periodista, que desde 1999 asesoró al Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (Cajar), en casos de investigaciones por asesinatos de periodistas y violaciones a los Derechos Humanos. 

Duque fue víctima de "amenazas, hostigamientos, llamadas intimidantes, grafitis, envíos de flores descompuestas a la puerta de su casa, mensajes en su contestador automático y seguimientos", por haber sido una de las investigadoras que apoyó a Cajar sobre el asesinato de Jaime Garzón, ejecutado por la banda 'La Terraza', dirigida por alias 'Don Berna'.

Desde 2001, comenzaron los hostigamientos contra Duque por su importante rol en las pesquisas sobre el asesinato de Garzón, denunciando "la presunta participación de organismos del Estado en dicha acción homicida" y "el montaje creado al interior del proceso del humorista por el Das para encubrir a los verdaderos responsables", dice el nuevo fallo sobre Narváez.

El fallo también advierte que el Cajar fue objetivo de interés del Grupo Especial de Inteligencia G3 del DAS y que "el G3 contó con total libertad para usar equipos y vehículo, personal e infraestructura del organismo de seguridad, desde investigadores, detectives hasta los directores y subdirectores de la entidad, entre ellos el acusado José Miguel Narváez Martínez, con el objetivo de recaudar información de inteligencia que fue usada para torturarla (a Claudia Julieta Duque)", dice la decisión.

En el fallo se advierte que Duque coordinó el XXXV Congreso Mundial de Federación Internacional de Derechos Humanos, que inicialmente se realizaría en Colombia en 2004, pero que terminó cambiando de sede a Ecuador "por razones de seguridad debido a discursos públicos que realizó el entonces presidente Álvaro Uribe en contra de defensores y defensoras de derechos humanos, en los cuales los calificaba como defensores del terrorismo".

En la decisión también se cita que organizaciones defensoras de derechos humanos le enviaron una carta al expresidente Uribe en la que denunciaron “intimidaciones, amenazas, criminalización, desaparición forzada..." por parte del DAS. 

El fallo añade lo dicho en otras decisiones: "al interior del DAS existió una política interna destinada a perseguir y desestabilizar diferentes organizaciones que fueron consideradas como opositoras al Gobierno, las que fueron etiquetadas como afines a grupos terroristas, como rebeldes, razón por la cual fueron no solo estigmatizadas, desprestigiadas y perseguidas por varios años".

Bernardo Moreno Villegas, el abyecto mandadero a quien Álvaro Uribe Vélez debe su ilegal reelección como presidente de Colombia, fue por fin capturado por las autoridades, por orden de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Moreno fue capturado en Calarcá, donde se escondía huyendo de los fallos de la CSJ, que hace dos semanas había dejado en firme una condena contra él, por tráfico de influencias.

Como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se convirtió en el funcionario más allegado a Uribe, a quien hizo reelegir ilegalmente en el Congreso, mediante la modificación de “un articulito” de la Constitución, que Moreno logró a cambio de empleos para los congresistas que favorecieron el cambiazo.

El escándalo, uno de los más grandes de la política colombiana en las últimas décadas, pese a que ha sido minimizado al extremo, fue conocido como Yidispolítica, en nombre de la congresista santandereana Yidis Medina, cuyo voto definió la reelección de Uribe.

Medina fue, durante largo tiempo, la única persona condenada y encarcelada por el escándalo.

Según la CSJ, Moreno influenció indebidamente a Luis Alfonso Hoyos, director de la Red de Solidaridad, para que contratara a Jairo Alonso Plata Quintero; a Gloria Giraldo, presidenta de Etesa entre 2002-2006, para que contratara a César Augusto Guzmán Areiza, Margoth Álvarez Ruiz, Liliana Figueredo y Marghori Mejía; así como a Mary Luz Londoño, presidenta de Etesa durante el periodo 2006-2010 para la vinculación de José Agustín Quecho y de Karen Hernández, amigos políticos de Yidis Medina.

Lo mismo sucedió con el Superintendente de Notariado Manuel Cuello Baute para la vinculación de Sandra Domínguez en la Notaría Segunda de Barrancabermeja en encargo y de María Lucelly Valencia, allí mismo, en interinidad. La influencia indebida también se ejerció ante Darío Montoya, director del Sena en el periodo 2004-2010 para la contratación de Juan Bautista Hernández, también para favorecer a Medina.

En 2023, la Sala de Primera Instancia del alto tribunal había sentenciado a Moreno, pero apeló y su caso escaló a la Sala Penal, que hace dos semanas, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra (presidente de la Corte), confirmó la decisión. 

En concreto, en el caso se demostró que desde el año 2004 Moreno influenció de manera irregular a funcionarios para que contrataran a allegados de Yidis Medina en puestos estatales, para que ella apoyara el proyecto de Acto Legislativo 267 de 2004, que permitía que un jefe de Estado se reelija. Entre los contactados están Luis Alfonso Hoyos Aristizábal y Gloria Beatriz Giraldo.

Por esos hechos, en 2008 la Fiscalía abrió una investigación, y nueve años después profirió una resolución de acusación, la cual se oficializó en 2023 en la Sala de Primera Instancia, que sentenció Moreno a cinco años y siete meses de prisión. 

El seguimiento a esta condena, según registros oficiales, le corresponderá por ley a un juez de ejecución de penas.