Ante el Búnker de la Fiscalía, fue denunciado el registrador general del Estado, Hernán Penagos Giraldo, por su presunta participación y omisión en el posible fraude electoral de los comicios presidenciales de 2026.

La denuncia fue radicada por el abogado Alejandro Carranza, apoderado del expresidente Gustavo Petro; junto con el defensor de Derechos Humanos, Luis Guillermo Pérez; y la senadora del Pacto Histórico Etna Tamara Argote.

La denuncia a Penagos incluye la posible comisión de los siguientes delitos: prevaricato por omisión (art. 414); falsedad ideológica en documento público (art. 286); falsedad material en documento público y uso de documento falso (arts. 287 y 291); destrucción, supresión u ocultamiento de documento público (art. 292, en concordancia con el art. 29 de la Ley 1712 de 2014); alteración de resultados electorales y perturbación del certamen democrático (arts. 394 y 386); favorecimiento de voto fraudulento (art. 392); acceso abusivo a un sistema informático y daño informático, con sus agravantes (arts. 269A, 269D y 269H); y las demás que resulten, todas del Código Penal.

La denuncia está sustentada sobre la base del fraude electoral, ampliamente difundida por el expresidente Gustavo Petro. 75 mil testigos electorales digitales descubrieron cómo, mediante un software en Estados Unidos, se habrían alterado los resultados electorales en 1356 puestos de votación, para darle ventaja mínima pero segura al hoy presidente frente a Iván Cepeda, quien ganaba con diferencia en primera y segunda vuelta. 

Por medio del algoritmo, se comprobó matemáticamente que el software estadounidense modificara los resultados en la nube, cambiando el azar de la elección por una fórmula que le permitía a uno de los dos candidatos ganar siempre.

La poca seguridad de la inteligencia militar fue una primer violación a la defensa de los datos electorales. El que Penagos decidiera quitar el código Hash a los pdf emanados de la Registraduría, sería uno de los sustentos para la denuncia.

“La democracia es un derecho colectivo fundamental que asegura la convivencia pacífica, en nuestra historia republicana hemos sufrido guerras y conflictos civiles que han cobrado la vida de millones de personas por fraudes electorales que estamos en la obligación de prevenir.  La soberanía reside en el pueblo y se ejerce, en primer término, mediante el voto, de modo que el acta en que los jurados consignan y firman el resultado de cada mesa es el título originario de todo poder representativo en la República. 

Pedimos a la Fiscal General de la Nación, respuesta en debida diligencia, para que se garantice la custodia del material electoral y se practiquen cuanto antes las pruebas que estamos solicitando. No estamos argumentando con un interés particular sino defendiendo el bien supremo de la democracia. La justicia tiene la palabra, frente a las demandas de nulidad electoral radicadas ante  la sección 5ª del Consejo de Estado y frente a esta acción penal, en la que no presentamos conjeturas sino evidencia basada en la ciencia de las matemáticas, la estadística y la ingeniería inversa, desarrollada por expertos a través de sus peritajes.”, dijo Luis Guillermo Casas, quien ya ha interpuesto dos denuncias a la autoridad nacional e internacional por el posible fraude electoral.