El 30 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe decidir si prorroga o no la Misión de Verificación para la Implementación del Acuerdo de Paz. Esto una vez alcanzados los 10 años de la firma entre el Estado Colombiano y las extintas Farc.

La Patria Milagro, que inicialmente pensaba en declinar la prórroga, ahora matiza su malestar evidente a la paz, y aceptaría de mala manera la extensión de la misión verificadora. Sin embargo, piden sacar la Reforma Rural Integral de dicha verificación.

La Reforma Rural Integral es el punto 1 del Acuerdo de Paz, que ordena al Estado entregar 3 millones de hectáreas de tierra fértil a campesinos en todo el país, como medida de reparación y finalización del conflicto. Una orden que, como declaración unilateral de Estado, es una medida vinculante para Colombia con más peso que la misma Constitución Nacional.

La entrega de tierras estaba contemplada para hacerse en 4 gobiernos, incluyendo el final del gobierno Santos. Con buen ritmo, cada gobierno hasta 2028 debía entregar poco más de 700 mil hectáreas para cumplir solo con ese punto. Juan Manuel Santos entregó 8.625 hectáreas en los 2 años de gobierno desde que se firmó el acuerdo. Iván Duque, que llegó a hacer trizas la Paz, solo gestionó 1.020 hectáreas.

Estratosféricamente, el expresidente Gustavo Petro entregó más de 750.000 hectáreas a campesinos. El único presidente en cumplir la meta con creces, aunque incompleta, pues el actual presidente está lejos de querer hacer algún tipo de acto en favor del campesinado.

Con esas cuentas, quedan casi 2,3 millones de hectáreas a entregar en el último gobierno previsto, el actual. Hecho  que evidentemente no pasará. Esta profunda incompetencia de los gobiernos de derecha y ahora de ultraderecha, lleva al gobierno de la Patria Milagro a desentenderse de la Reforma Rural.

Omar Bula, bodeguero de ultraderecha que hoy funge como canciller, habló en el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde allí pidió desligar a la Reforma Rural de la misión de verificación de dicha organización, pues debía pertenecer a la institucionalidad del Estado Colombiano. Afirmación mentirosa, pues el Estado ya ha probado su incapacidad para ejecutar la entrega de tierras. Mentirosa también, porque promueve la intervención de Estados Unidos para cumplir con la meta.

Esta petición no viene sola. Si la Reforma Rural Integral sale del ojo de la ONU, seguramente nunca será implementada, y los datos y métricas serán censurados, como todo lo que no favorece al actual gobierno.

Incluso si se hace de la misión de verificación de la ONU un apéndice sin nada que supervisar, el propio Acuerdo de Paz será letra muerta. Una política a la que Naciones Unidas debe responder en poco más de dos semanas.

Mientras fuera del país se habla sobre como hacer la Reforma Agraria, dentro del país se acaba y se implementa una contrarreforma. En solo dos meses, casi 300 mil hectáreas que Petro destinó para producir alimentos en todo el país, han sido eliminadas. Directriz de Indalecio Dangond, el ministro de Agricultura que odia la agricultura y desea acabar con todo lo que suene a campesinado y a justicia rural.