Los cafeteros colombianos beben largos tragos de café amargo mientras se desvelan pensando en cómo pagar 150 millones de dólares de 1,300 contratos internacionales que firmaron en 2020 para vender el grano a precios que les obligaron a incumplir.
Lo hicieron motivados y respaldados por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), manejada por personas que, en concepto del analista Guillermo Trujillo, “tumbaron a la institución que dicen amar”.
Colombia pidió a la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas excluir la hoja de la coca de la lista de sustancias nocivas.
La solicitud la formuló en Viena la canciller, Laura Camila Sarabia Torres durante su intervención en el período 68 de la Comisión, mientras insistió en que Colombia no dejará de erradicar las plantaciones.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez dijo en Armenia que si uno de los cinco candidatos del Centro Democrático (CD) llega a la presidencia de la República, “reducirá sustancialmente el tamaño del Estado”.
No aclaró, sin embargo, que la única manera de hacerlo es echando a la calle a miles de empleados y funcionarios públicos, y que, como consecuencia, el desempleo alcanzará cifras enormes.
En un coletazo de la crisis del gabinete del presidente Gustavo Petro surgida hace tres semanas, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, renunció a su cargo.
Aún no se ha establecido su la dimisión tiene que ver con una situación difícil que creó Reyes cuando elaboró una lista de congresistas y altos funcionarios que le recomendaron candidatos para nombrarlos en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
El Gobierno del Presidente Gustavo Petro se comprometió a erradicar 25,000 hectáreas de cultivos de coca en Catatumbo, en especial en Tibú, en los ocho meses que quedan de vigencia de la conmoción interior decretada hace 30 días.
El proyecto contempla que los campesinos y demás propietarios de los cultivos los erradiquen ellos mismos, a cambio del pago de 1,280,000 pesos por familia durante 12 meses.
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