El presidente Gustavo Petro advirtió que “la oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado”, porque le negó reformas fundamentales y le impidió expresar su voluntad a través de una consulta popular.
Petro habló en Barranquilla el martes en la noche, ante millares de simpatizantes que le expresaron su respaldo y lo vitorearon cuando dijo que los políticos tradicionales “nos quitan la dignidad” y señaló que ahora el diálogo político será al calor de la lucha popular.
El objetivo del presidente Gustavo Petro es claro: ampliar los derechos laborales de los colombianos, recortados por Álvaro Uribe, y modificar el ultracorrupto sistema de salud.
Por eso, la nueva consulta popular radicada anrte el Congreso es más amplia y ambiciosa y, probablemente, tendrá una oposición más radical, aunque, quizás, menos masiva.
El presidente Gustavo Petro desenmascaró al presidente del Congreso, el conservador Efraín José Cepeda Sarabia, e hizo recordar al expresidente Andrés Pastrana cuando lo calificó como uno de los símbolos de la corrupción en Colombia.
Petro escribió una carta abierta a Cepeda, que se calificó como “el jefe de la banda”, en la que lo invita a trabajar, en vez de quejarse, y le dice que “representa a cabalidad la pereza, la inmovilidad y la ineficiencia legislativa”.
El Senado negó la convocatoria a una asamblea popular propuesta para aprobar reformas laborales necesarias, y a cambio decidió discutir un proyecto que archivó.
La consulta popular fue propuesta por el presidente Gustavo Petro, luego de que una comisión del Senado negó un proyecto de ley que proponía reformas a la legislación laboral.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la captura inmediata del expresidente y el expresidente del Congreso Iván Leónidas Name Vásquez, 68, y Andrés David Valle Aguas, 34, por participar en el multimillonario saqueo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Name (AV, Bog) y Calle (Lib, Cór), eran presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, y deberán responder por acusaciones de implicados en el escándalo, que los señalan de haber recibido 3,000 y 1,000 millones de pesos, respectivamente, para facilitar la elección por el Congreso de un magistrado del Consejo de Estado.
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