Un mensaje de la Fiscalía General de la Nación al Tribunal Superior de Cundinamarca, sugiriendo que agilice un pedido de nulidad del proceso criminal que tiene a Álvaro Uribe Vélez en la butaca de los reos, hizo pensar en la posibilidad de que, con la prescripción, el político sea declarado libre de cargos.
La posibilidad se hizo más clara con la respuesta del magistrado Manuel Antonio Merchán, a quien le correspondió la apelación de la defensa de Uribe.
El Gobierno del Presidente Gustavo Petro decidió iniciar un diálogo con delincuentes comunes, en busca de fijar los términos de sometimiento a la ley de los miembros del llamado Clan del Golfo.
Así lo concretó en la resolución 257 de 2024, que habla de instalar “un espacio de conversación sociojurídica con el Clan, la organización armada más grande del país, dirigida por Jobanis de Jesús ‘Chiquito Malo’ Ávila Villadiego.
En un trino reciente, el expresidente Ernesto Samper Pizano recordó el día en que la Organización de Estados Americanos (OEA), perdió la poca autoridad moral que le quedaba, para opinar sobre el proceso electoral de Venezuela.
Un episodio ocurrió el 15 de septiembre de 2018, en Cúcuta, cuando toda América Latina deliraba por el llamado presidente interino Juan Guaidó, que designó Estados Unidos.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió que el presidente Gustavo Petro declare allí en relación con el escándalo de unos 42 000 millones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión del riesgo de Desastres (Ungrd).
También llamo a declarar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez y al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Roberto Andrés Idárraga Franco.
La citación a Petro surgió luego de que el nombre del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, fuera mencionado en el proceso judicial que se adelanta en la CSJ, por el escándalo.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno de Gustavo Petro buscará un verdadero acuerdo nacional para convocar una asamblea constituyente que genere las reformas constitucionales que Colombia necesita.
Aclaró, sin embargo, que el proceso de elección y la asamblea misma no se llevarán a cabo en el actual Gobierno, y que todo se hará según lo establecido en la Constitución de 1991.
La afirmación de Cristo significa un giro radical en la postura de Petro, que insistía en que serían las bases populares (el constituyente primario), las encargadas de alcanzar las reformas necesarias, sin pasar ni por el Congreso ni por la Corte Constitucional.
Página 24 de 37