Brasilia 

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue declarado culpable de haber tratado de dar un golpe de Estado contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Así lo dictaminó el Tribunal Supremo de Brasil (Corte suprema), por 4 votos a 1, que ahora deberá fijar la pena de cárcel que recibirá el líder derechista, que podría ser de hasta 43 años.

La conspiración del expresidente brasileño Jair Bolsonaro para mantenerse en el poder tras la derrota electoral de 2022 tenía otra ramificación criminal: un plan para asesinar al presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades.

La revelación la hizo el general retirado Mario Fernandes, durante un interrogatorio en el juicio por el frustrado golpe de Estado de Bolsonaro contra Lula.

Fernandes era asesor de Bolsonaro, actuaba como secretario ejecutivo en la Secretaría General de la Presidencia de Brasil, y confesó haber elaborado el plan, que Bolsonaro conoció.

Pocos días después de la derrota electoral, en la impresora de su despacho, Fernandes imprimió el documento con sus planes para llevar a cabo el magnicidio. La oficina del general estaba en el propio Palacio de Planalto, sede del Gobierno.

“Es un archivo digital, no retrata nada más que un pensamiento mío que fue digitalizado; es una compilación de datos, un estudio de situación mío, un análisis de riesgos que hice y que, por costumbre propia, decidí digitalizar”, confesó el militar al ser cuestionado por el plan, llamado “Puñal Verde y Amarillo”, en referencia a los colores de la bandera brasileña.

Además de Lula, la idea era asesinar al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, que entonces presidía el Tribunal Superior Electoral, el órgano que vela por el buen funcionamiento de las elecciones y proclama el resultado.

Ahora el propio Moraes, un magistrado que emprendió una cruzada contra el populismo en las redes sociales, es quien está al frente del proceso sobre el intento golpista desde el Tribunal Supremo.

Lo previsto era perpetrar los asesinatos el 15 de diciembre de 2022, tres días después de que Lula recibiera el diploma que certificaba su victoria, el último trámite del proceso electoral en Brasil.

Inicialmente se pensó en un envenenamiento, pero también habían movilizado pistolas, fusiles, metralletas y una granada.

La investigación de la Policía Federal, que incluye otros documentos e intercambios de mensajes de móvil, concluyó que el plan tenía “características terroristas” y que Bolsonaro tenía “pleno conocimiento”.

Uno de los indicios es que se imprimieron varias copias del documento y en fechas diferentes. Fernandes alega que fue un error de la impresora.

El plan fue debatido entre militares en casa del que pretendía ser vicepresidente de Bolsonaro en su segundo mandato, el general Walter Braga Netto, considerado uno de los cerebros del movimiento golpista.

Braga incluso entregó a otro militar dinero efectivo escondido en una bolsa con botellas de vino, para pagar a los presuntos sicarios. Desde diciembre del año pasado está preso de forma preventiva por intentar obstruir la investigación.

La estrategia del magnicidio se conoció en noviembre de 2024, cuando la policía detuvo a Fernandes, a un agente de la Policía Federal y a otros tres militares, que formaban parte de los llamados “kids pretos”, un grupo de élite de las Fuerzas Armadas.

Cuando fueron arrestados estaban trabajando en el dispositivo de seguridad de la Cumbre del G-20 en Rio de Janeiro.

La confesión de Fernandes llega en la recta final del juicio por el intento golpista de Bolsonaro y se enmarca en una serie de interrogatorios al segundo escalafón de la conspiración antidemocrática, los que la iban a ejecutar.

Estos días también se interroga, por ejemplo, a los altos funcionarios del Ministerio de Justicia y de la Policía de Carreteras que el día de la votación de la segunda vuelta impusieron bloqueos viarios en zonas electorales donde Lula había obtenido buenos resultados, para intentar frenar a toda costa la llegada de los electores a los colegios electorales y la victoria de la izquierda en las urnas.

Ciudad de Gaza

BBC News y las tres más importantes agencias internacionales de noticias expresaron su desesperada preocupación por los periodistas en Gaza, quienes cada vez son más incapaces de alimentarse a sí mismos y a sus familias.

Quienes informan sobre el conflicto desde Gaza se enfrentan a la hambruna y a "las mismas circunstancias terribles que aquellos que cubren", según una declaración conjunta de BBC News, Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) y Reuters.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (Fema, siglas de inglés) de  Estados Unidos no atendió el 70 por ciento de las llamadas de auxilio por la creciente del río Guadalupe en Texas (133 muertos, 170 desaparecidos, 851 heridos)… porque, por orden presidencial, habían despedido a todos los empleados que recibían las llamada

Según el diario The New York Times, la responsable Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional (DHS), la misma que mintió sobre un diálogo con el presidente colombiano Gustavo Petro.