Un gobierno autoritario jamás hablará de sus decisiones en términos negativos. Hablará de controles, seguridad, protección o regulación, según convenga, para evitar palabras más incómodas: censura, vigilancia, persecución o castigo.

En el actual mandato, la predilección parece estar en controlar distintas áreas de la vida pública, comenzando por los medios de comunicación.

Los gobiernos autoritarios, o aquellos que avanzan en esa dirección, pueden utilizar la noción de controlar para intervenir en el espacio público y reducir progresivamente la discusión crítica, para tener la certeza de orientar, restringir o determinar lo que otro hace.

El actual gobierno de Colombia parece que no necesita repetir: “no puedes hacer esto”. Más bien, se ha dedicado a organizar el espacio, clasificar, señalar y producir determinadas conductas. La cuestión, entonces, no es solamente qué se prohíbe, sino qué tipo de sujeto se pretende producir y qué comportamientos se vuelven aceptables dentro de ese orden.

Silenciar o expulsar al exdirector del DANE, restringir las ruedas de prensa, limitar los mecanismos de información ciudadana, imponer determinadas creencias, amenazar al progresismo o dejar de lado la protección de derechos de la población LGBTI son, entre otros, hechos que merecen algo más que el tratamiento de simples anécdotas presidenciales: requieren análisis.

El poder soberano tradicional hacía visible su fuerza mediante el castigo público: el condenado era exhibido para demostrar el poder del soberano. Con la modernidad apareció el poder disciplinario, basado en la vigilancia, la clasificación, la evaluación y la corrección.

Con el hombrecito, hemos visto que conviven ambas lógicas: el castigo como espectáculo, por ejemplo, mediante la exhibición de cadáveres; y la disciplina, mediante la organización de las condiciones para que las personas aprendan cómo deben comportarse.

El dispositivo disciplinario compara, jerarquiza, homogeniza y excluye. No solo castiga conductas: también produce personas clasificables y establece cuáles formas de ser resultan aceptables.

Clasificar no significa simplemente poner una etiqueta. La clasificación puede producir diferencias de valor: unos sujetos aparecen como normales, legítimos, confiables o deseables; otros, como desviados, peligrosos, ilegítimos o indeseables. Universitarios, gays, académicos, analistas económicos o comerciantes pueden terminar siendo juzgados menos por su historia, sus argumentos o su trayectoria que por el lugar que ocupan dentro del sistema de categorías impuesto.

Una sociedad democrática necesita que distintos sujetos puedan participar en la esfera pública y someter las decisiones del poder a discusión. ¿Qué ocurre, entonces, cuando ciertas categorías dejan de ser consideradas interlocutores legítimos?Periodista serio / periodista militante. Organización social legítima / organización sospechosa. Experto / activista.

De ahí la necesidad de estar alerta, porque estos mecanismos de regulación, clasificación y control no son neutrales, en lo absoluto, sino que se instalan en una estructura lógica de clasificación, señalamientos y exposición de determinadas personas como problemáticas, peligrosas o poco confiables.

El dispositivo es sencillo: regula para establecer las condiciones de la conducta; clasifica para determinar qué sujetos se ajustan a ellas; disciplina mediante la vigilancia, la corrección y la sanción; y controla cuando consigue efectos reales sobre lo que las personas pueden o deciden hacer.

El panorama no es bueno, queridos lectores; más bien está regular. Regular, regular, regular...