La India Menta

Gravar más productos y servicios para aumentar los impuestos que paga la clase trabajadora del país es la brillante propuesta del actual desgobierno. Con su supuesto rescate económico, pretende ampliar la base de bienes y servicios gravados con IVA y llevar del 5 % al 19 % la tarifa de numerosos productos que hoy tienen un tratamiento preferencial. Otros, actualmente excluidos, también comenzarían a pagar el impuesto.

¡Maravilloso!, según el mordelón de la Casa de Nariño. ¡Estupendo!, según los torpes congresistas que lo apoyan. Y claro, porque este aumento podría alcanzar la alimentación, la producción agropecuaria, las comunicaciones, el entretenimiento y otros gastos cotidianos.

Si el proyecto se convierte en ley, los cambios afectarían frutas como banano, mango, aguacate y piña; hortalizas como cebolla, ajo, tomate y zanahoria; y alimentos fundamentales en la canasta familiar, como café, sal, maíz para consumo humano, queso fresco y chocolate de mesa.

También se modificaría el tratamiento tributario de algunos envíos internacionales de bajo valor, servicios de software, alojamiento web y computación en la nube, que hoy están excluidos, así como el del internet fijo para los estratos 1 y 2.

Si estos productos y servicios pasan a pagar el 19 %, miles de familias colombianas tendrán que destinar más dinero para adquirir la misma cantidad de alimentos. En el caso de los servicios, el impacto podría alcanzar a hogares que utilizan internet para estudiar o trabajar y a pequeños negocios que dependen de plataformas digitales.

¿Los ricos? Bien, gracias. Para ellos también vienen beneficios tributarios y nuevas oportunidades de alivio fiscal. Y ni hablar de las controversias que rodean algunos de los beneficios contemplados en el proyecto, mientras el abogado-presidente parece tener siempre una explicación para sus amiguitos y clientes.

La ideota también modifica el tratamiento tributario de bienes e insumos utilizados en la producción agropecuaria. Entre los elementos que podrían pasar a pagar el 19 % están semillas para siembra, fertilizantes y abonos, maquinaria agrícola, sistemas de riego y algunos productos destinados a la alimentación animal, entre otros.

Si esto ocurre, los mayores costos de producción podrían trasladarse a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Es decir, el productor tendría que asumir mayores gastos, los intermediarios enfrentarían nuevos costos y, eventualmente, el consumidor terminaría pagando más por los alimentos. Pero eso parece no preocuparle demasiado al ministrico Dangond, porque, a juzgar por el enfoque de la propuesta, importan más los empresarios del campo que el campesinado, que terminaría recibiendo los mordiscos de la bestia presidencial.

Como suele ocurrir, los hogares rurales y campesinos de bajos ingresos, las mujeres cabeza de hogar, las comunidades indígenas y afrodescendientes y las personas vinculadas a la economía popular estarían entre los sectores más expuestos. No solo porque destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo, sino porque difícilmente una devolución individual del IVA compensaría todos los aumentos en sus costos de vida y de producción.

¿Qué alternativas existen? La más lógica, por supuesto, y la más comunista de todas: cobrar más a quienes tienen mayor capacidad económica.

En lugar de depender principalmente de los impuestos al consumo, se podría fortalecer la tributación directa y avanzar hacia un sistema en el que la contribución dependa de la capacidad económica de cada quien. Porque resulta bastante conveniente presentar como equitativa una reforma que promete devolverles dinero a los hogares, mientras primero encarece sus compras y deteriora sus condiciones de vida.

Además, varias preguntas rodean este proyecto. ¿Para qué gravar con el 19 % determinados alimentos e insumos productivos para después tener que devolver parte de ese dinero? Si el objetivo del Gobierno es reducir el tamaño y el gasto del Estado, ¿de dónde saldrán los recursos para implementar los sistemas de información, identificar beneficiarios, verificar compras, procesar devoluciones y atender reclamaciones? ¿Cómo garantizarán que el dinero llegue oportunamente a quienes realmente lo necesitan? Y, sobre todo, ¿no sería más sencillo mantener excluidos del IVA los productos que se consideran esenciales y evitar semejante golpe al bolsillo de la ciudadanía?

No hay que perder de vista algo elemental: una devolución del IVA no significa que el consumidor haya evitado el aumento del costo de vida. Primero tendrá que pagar más, después esperar a que el Estado lo identifique, verifique su condición y le devuelva una parte del dinero. Y eso suponiendo que todo funcione como lo prometen.

Ahí está pintado IVAlardo, el tigre de papel: tiene la reforma escrita, las promesas impresas y las devoluciones dibujadas. Pero para que semejante experimento tributario cuadre, no bastará con una calculadora: hará falta un milagro. ¡IVA Cristo Rey!