Están señalados de varios delitos. Si los cometieron o no es cuestión que decide la Justicia.

Casi en todos los casos, la sindicación es la de apropiarse de recursos del Estado. En otras palabras, de robar el dinero de todos.

Son 13 cuestionados que, a pesar de sus antecedentes, resultaron elegidos al Congreso el 8 de marzo.

Algunos están vinculados a la investigación por el gran robo de dinero de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); contra otros pesa la acusación de enriquecimiento ilícito, y hasta de abusar de los empleados a su cargo.

Desde luego, mientras la Justicia no se pronuncie, estos 13 podrán reclamar su credencial como representantes a la Cámara o como senadores.

Uno de ellos es el conservador cordobés Wadith Alberto Manzur Imbett, investigado por el saqueo de la Ungrd, cuya suerte judicial está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que acudió a conjueces para decidir si se le dicta medida de aseguramiento.

En idéntica situación se encuentra la araucana Karen Astrith Manrique Olarte, reelegida por las curules de paz, cuyo nombre aparece en la libreta de Olmedo de Jesús López Martínez, corrupto exdirector de la Ungrd, supuestamente direccionando contratos por 92 mil millones de pesos que la favorecerían junto a otros 5 compañeros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de apoyos para proyectos de ley clave.

También del partido Conservador, logró de manera holgada llegar a la Cámara el cesarense Alfredo Ape Cuello Baute, quien tiene un proceso abierto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestamente exigir sobornos para que se adjudicaran contratos a través de regalías del acuerdo de paz.

Otro conservador es el tolimense Miguel Ángel Barreto Castillo, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción conocido como ‘las Marionetas’.

Su copartidario, el antioqueño Daniel Restrepo Carmona, también logró una curul.

Apoyado por el muy cuestionado exsenador Carlos Andrés Trujillo González, es el mismo cuya publicidad política iba en el carro del escolta del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, capturado y dejado en libertad tras habérsele incautado 145 millones de pesos por carreteras de La Guajira.

En esa misma colectividad, el guajiro Juan Loreto Gómez seguirá en la Cámara, pese a estar señalado dentro del grupo de 28 congresistas salpicados en el escándalo de la Ungrd para buscar aprobación de millonarias partidas y contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Por los lados del Pacto Histórico, también hay varios investigados que reclamarán credencial.

Uno de ellos es Álex Xavier Flórez Hernández , investigado por la CSJ por los delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado. El actual senador es señalado por presuntamente exigirles dinero a contratistas de Medellín para financiar su campaña política al Senado para las elecciones legislativas de 2022. Son cuestionamientos que él niega.

Otro miembro del partido de gobierno cuestionado y con curul es Pedro José Suárez Vacca, representante de Boyacá, investigado por la CSJN por el delito de prevaricato por acción agravado cuando se desempeñó como juez quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad en Tunja. Dentro de ese rol se lo señala de haber favorecido a procesados con prisión domiciliaria, pese a que habían incurrido en el delito de secuestro.

De esa misma colectividad, David Ricardo Racero Mayorca, madrug{o este lunes postelectoral a rendir indagatoria ante la CSJ por presuntamente usar empleados de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en labores de una frutería-verdulería de su propiedad.

Hace dos semanas, el Consejo de Estado negó los recursos de súplica que pedían la pérdida de investidura de Racero dentro de ese mismo caso.

En la misma colectividad también logró curul la abogada guajira Martha Isabel Peralta Epieyú​​, candidata al Senado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), investigada por interés indebido en la celebración de contratos, tras ser señalada de haber establecido reuniones con Olmedo López y contratistas de La Guajira para direccionar proyectos de la Ungrd en ese departamento. Entre estos, uno para maquinaria amarilla y volquetas en Riohacha. Además, del supuesto desvío de fondos destinados a ollas comunitarias.

Por los lados de Cambio Radical, uno de sus militantes que también está bajo la lupa es el senador dr Cesar Didier Lobo Chinchilla, a quien la CSJ le abrió una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito.

En efecto, al congresista se le señaló en un anónimo de haber pasado de ser un modesto concejal local a un adinerado senador con imperio económico que creció de manera acelerada.

De hecho, se le rastrearon expedientes de empresas relacionadas con allegados, participación en un fideicomiso, giros a terceros y hasta depósitos en 14 cuentas bancarias a su nombre.

Su copartidario Carlos Alberto Cuenca Chaux, de Huila, también logró el favor de los electores.

Cuenca fue condenado en primera instancia por compra de votos en el departamento de Guainía y tiene una investigación en curso por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Corte lo encontró responsable en primera instancia por haber ofrecido y entregado productos de construcción a una comunidad en el departamento de Guainía para reelegirse como representante a la Cámara en 2014.

El alto tribunal pidió 7 años y 8 meses de prisión domiciliaria en su contra por presunta corrupción al sufragante.

Y por el Partido Liberal llegó el senador de Atlántico Camilo Torres Villalba, sobrino del megacontratista de la costa Euclides Torres.

La campaña del ahora senador fue cuestionada después de que se conoció un audio en el que se invitaba a votar por él a cambio de una bonificación en Montelíbano (Córdoba).