El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, dijo desconocer las operaciones de espionaje a su colega de Justicia, Andrés Idárraga Franco, pese a que la orden salió de su despacho y un sargento a su servicio es señalado como uno de los implicados.

Dijo, sin embargo, que ordenó investigar lo ocurrido, hasta establecer la verdad.

Durante tres meses y mientras ejercía como Secretario de Transparencia, mediante el uso de recursos del Estado, incluso del software ilegal israelí Pegasus y dineros de la llamada partida secreta, para espiarlo a él y hacerles seguimiento a sus hijas.

Idárraga señala al sargento Darwin Ramírez como uno de los implicados. Ramírez está adscrito al despacho del ministro de Defensa.

"¿Cómo confiar en el ministro Sánchez cuando el informe dice que la orden vino desde él? Una de dos: o se dio la orden de manera efectiva por parte del ministro (que espero que no sea así), o hay una falta de control absoluto en la contrainteligencia que permite que subalternos del ministro de Defensa terminen haciendo cosas ilegales contra sus compañeros de gabinete”, destacó Idárraga en una entrevista de prensa.

Toda la operación ilegal ocurrió entre agosto y noviembre del año pasado, mientras Idárraga era Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. En noviembre fue nombrado ministro.

El propósito del espionaje era, según Idárraga, desprestigiarlo, para evitar que investigara reiteradas denuncias de corrupción en las Fuerzas Militares.

Idárraga señala como responsables a “altos oficiales” relacionadas con contratos cuestionables, y a militares con vínculos con organizaciones guerrilleras.

Idárraga fue enfático al señalar que “no puede ser que a un funcionario del Gobierno las propias entidades del Estado le hagan esto”. Por ello, recordó que la inteligencia del Estado debe luchar contra la corrupción y no ser un “aliado” de ese fenómeno.

“Las informaciones que me llegaban tenían que ver con irregularidades en gastos reservados, posibles vínculos de estructuras armadas con miembros de la Fuerza Pública, pérdida de material de intendencia, munición y armamento en distintos lugares, posibles redes de corrupción al interior de Sanidad Militar, entre otras cosas, que conllevaron, seguramente, a la alerta de estas personas, que terminaron ordenando mis seguimientos ilegales”, explicó Idárraga.

En rueda de prensa en el Ministerio de Justicia, Idárraga aseguró que no solo se habría utilizado Pegasus para interceptar sus comunicaciones, sino que también se habrían empleado vehículos para hacerle seguimiento a sus hijas.

“Esto, que parece un hecho de contrainteligencia que busca mitigar un daño reputacional al interior de las Fuerzas Militares, no coincide con el hecho de que hayan hecho seguimiento a mi familia, en especial a mis hijas”, dijo.

Así mismo, indicó que “hay un sector importante, aun en las instituciones del Estado, en el que solamente están preocupados en armar este tipo de situaciones para venderle la información a la oposición y utilizarla políticamente en contra de este gobierno”.

En medio de su declaración, el ministro reveló el nombre del sargento Darwim Ramírez como el presunto responsable de ejecutar las supuestas órdenes que salieron del MinDefensa para espiarlo a él y a su familia.

Idárraga señaló a Ramírez como “el principal sospechoso de haber llevado a cabo la ejecución de las órdenes que salieron del Ministerio de Defensa. ¿Quién dio la orden?, eso es algo que él tiene que responder, de ser cierto que está involucrado en esos actos”.

El Gobierno Petro tiene información sobre las empresas que habrían sido utilizadas para los seguimientos, así como los nombres de quienes habrían recibido las órdenes en el Ministerio de Defensa para ejecutar la operación.

El ministro detalló que durante el periodo de interceptación se habrían extraído 2,3 gigabytes de información sensible, incluyendo denuncias, datos de fuentes confidenciales y conversaciones privadas, algunas de ellas con el presidente Gustavo Petro. Además, aseguró que se registraron más de 8.700 accesos ilegales al dispositivo y que en al menos 124 ocasiones se activaron sin autorización la cámara y el micrófono del teléfono.

Idárraga sostuvo que, según informes de contrainteligencia a los que tuvo acceso, no se trató solo de una infiltración digital, sino de una estrategia más amplia de seguimiento y persecución, financiada con recursos públicos, que habría tenido como objetivo identificar sus fuentes y frenar investigaciones que podrían destapar escándalos de gran magnitud.

El funcionario informó que ya interpuso una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales y los de los denunciantes de corrupción.

Finalmente, Idárraga pidió a la Contraloría General de la República realizar una inspección urgente al Ministerio de Defensa para verificar el uso de los gastos reservados y los recursos de contrainteligencia. “Esto se tiene que esclarecer”, afirmó, al cuestionar si esos fondos estarían siendo usados para atacar a funcionarios que luchan contra la corrupción dentro del Estado.