68 días: eso ha aguantado el pueblo al gobierno fascista que se tomó cada esfera del poder y del Estado. En apenas dos meses y 7 días, millones de colombianos saldrán a las calles de Colombia a defender sus derechos, cada vez más violados por el presidente y su séquito de la Patria Milagro.

Centrales obreras, campesinos, diversidades, jóvenes, madres, víctimas de la guerra, pensionados y cientos y cientos de ciudadanos cumplirán con la convocatoria que, al menos hasta que el artículo 37 de la Constitución esté vigente, les permite protestar libre y pacíficamente.

Todas las ciudades capitales, ciudades intermedias y grandes poblaciones tienen su convocatoria, que está promovida en especial por centrales de obreros y por sindicatos docentes, junto con el apoyo del Pacto Histórico, único movimiento político en oposición al autoritario gobierno.

El expresidente Gustavo Petro, líder del Pacto y gran promotor de la movilización popular, estará junto con el pueblo bogotano.

Petro insiste en que el motivo de esta marcha sea la defensa del Salario Vital, que ya anticipan en reducir, no directamente, sino haciéndolo ineficiente ante la inflación que está cerca al 6% anual.

Aunque esa sea una razón, hay causas de sobras para este primer termómetro popular en las calles. El autoritarismo, la eliminación de las Áreas para producir Alimento (Appa), la inoperancia para manejar la reconstrucción del país luego del terremoto, la contrarreforma agraria, la violación de Derechos Humanos, la muerte de menores en bombardeos militares, la eliminación de derechos a la diversidad sexual y de género, la inclemente crisis fiscal, los falsos positivos en operativos militares, la destrucción de la naturaleza, la represión, la corrupción, la evasión de responsabilidades, la canallada, la grosería, la violencia, etc.

Un sinfín de descontentos y de peligros incipientes llevan a las y los colombianos a las calles. Una protesta que evoca las primeras movilizaciones de 2019, pero con un aroma a 1978. El Gobierno aprobó el Decreto 1525 de 2026, por medio del cual aumenta las capacidades de la Fuerza Pública para reprimir a manifestantes y atacar las movilizaciones, evitando el diálogo.

La decisión cobarde del presidente fue firmada a pocas horas de las movilizaciones, y pone en riesgo el normal y pacífico de las mismas. Colectivos populares en todo el país advierten que sectores fascistas y de derecha pondrían infiltrados en las protestas para causar desmanes y promover la violencia y el actuar de la Policía. 

Prueba para ambos bandos. Para los protestantes, será la oportunidad de medir la fuerza y el descontento del pueblo con el Gobierno, y la probabilidad de poder convocar a un paro nacional o a una huelga general indefinida desde noviembre.

Para el gobierno, será la oportunidad de aplicar su reformado estatuto de seguridad a la Turbay. Usar la fuerza del Estado y perseguir a la izquierda como antaño.

68 días después, la fuerza del pueblo deberá llenarse de paz, arte, baile y cultura, mientras frente a ellos, soldados armados y vestidos de negro buscarán cualquier crispación para apuntar sus armas contra quienes juraron defender.