En una votación sumamente ajustada, el Congreso de España, o al menos sus fases más retardatarias, rechazaron los dos decretos ley que propuso el presidente Pedro Sánchez ante la crisis de vivienda que vive el país ibérico.

El Real Decreto Ley No. 26 proponía una prorrogar por dos años ciertos contratos de alquiler, manteniendo sus condiciones, y protegiendo a los ciudadanos. Regulaba alquileres por temporada, y establecía restricciones para que los fondos de inversión o sociedades privadas (conocidos como ‘fondos buitre’) compraran propiedades en España. El decreto también protegía a las personas que fueran víctimas de desahucios, amparando sus derechos fundamentales.

El Real Decreto Ley No. 27 modificaba leyes de arrendamiento urbanos. Mucho más específico que el anterior, establecía que si luego de 5 o 7 años de arrendamiento, ni el inquilino ni el arrendatario tienen comunicación expresa, exista la posibilidad de que se prorrogue el arriendo por plazos de 5 a 7 años dependiendo si es persona natural o jurídica.

Con una votación de 172 por el Sí y de 178 por el No, fue derogado el decreto 26. Con 166 votos por el Sí y 184 por el No, fue derogado el decreto 27.

Las negativas fueron promovidas por el Partido Popular, PP, (derecha), VOX (extrema derecha) y Junts (independentista catalán), junto con otros opositores a la coalición de Gobierno.

La disputa política por la vivienda existe hace varios años. En las últimas semanas tomó especial relevancia por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda donde vivía por alquiler durante 70 años.

El desahucio ocurrió por la compra del edificio de Maricarmen por parte de un ‘fondo buitre’. Fue sacada de su casa y enviada a emergencias, lo que generó un revuelo popular por parte de la ciudadanía. Miles y miles de españoles organizaron masivas movilizaciones por más de una semana, exigiendo que el Gobierno regulara el tema de los desahucios y los alquileres, en medio de la crisis por especulación de los grandes hacendados españoles.

De allí llegan los dos decretos hoy derogados. Un golpe al corazón del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente acudió al Congreso, y desde allí, anunció un periodo de reflexión para ver si adelanta o no las elecciones generales que deben celebrarse el próximo año.

Los sectores de la ultraderecha y los privilegiados de derecha celebran al máximo haber mantenido las leyes especulativas e ilegales de vivienda tal y como están. Alberto Nuñez Feijoó, presidente del PP dijo estar listo para las elecciones anticipadas, pues concluye que eso hará el presidente.