Al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves, le pudieron más las pocas, pero duras, derrotas que sufrió, que las victorias que obtuvo en favor del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por eso, se va, como el mismo Velasco predijo, cuando, sin oponerse de manera abierta a Petro y a su idea de convocar el poder constituyente para reformar la Constitución, que lo mejor era retirarse, pues, en su criterio, la vía de esas reformas pasa por el Congreso.

La gran mayoría de versiones sobre chuzadas telefónicas a magistrados y otros funcionarios son cuentos chimbos.

O rumores, como lo dice Carlos Ramón González Merchán, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Sin duda, detrás del escándalo en los medios, está la derecha opositora, que continúa en su tarea de desprestigiar al gobierno del presidente Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro negó de plano que su Gobierno ande interceptando comunicaciones telefónicas de servidores del Estado, pues “este Gobierno no hace lo que si hicieron otros en el pasado”.

Primero, porque Petro sabe de lo que eso significa en caso de que se compruebe, y segundo, porque, como lo explicó, el servicio de inteligencia del Estado no tiene no siquiera cómo interceptar celulares.

La afirmación presidencial no descarta, sin embargo, que, por iniciativa propia, haya funcionarios de su Gobierno que estén dedicados a esa tarea, con fines no oficiales.

La única manera, por ahora, de corregir el desequilibrio fiscal del Estado, que viene desde hace largos años y tiene su causa en los resultados negativos del recaudo fiscal, es gastando menos.

Y esto es, precisamente, lo que hará el Gobierno del presidente Gustavo Petro: recortar unos 20 billones de pesos del presupuesto general, según anuncio del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.