La familia Laserna, de la candidata presidencial Paloma Valencia Laserna, ama tanto la tierra que un primo se apoderó ilegalmente de 6,182 hectáreas de baldíos en el departamento de Vichada.
Es tan grande el terreno, que supera la extensión de varios municipios colombianos, con sus veredas, y Nicolás Laserna Serna estaba tan apegado a él, que hubo necesidad de que la Policía actuara para recuperarlo.
Ahora, la tierra pasará a manos de centenares de campesinos de la región, que no tenían dónde cultivar, en uno de los departamentos que más tierra libre tienen.
El predio está ubicado en La Primavera, hasta donde fue la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a recuperarlo de manos de Laserna y del excongresista del Centro Democrático Gustavo Londoño García, condenado hace algún tiempo por corrupción electoral.
La recuperación de la ANT pone fin a un largo y accidentado proceso plagado de ilegalidades, con fallos judiciales viciados, y de denuncias de acaparamiento, que pese a que por ser un bien de la Nación no puede ser comercializado, fue utilizado por Laserna y Londoño para mantener allí ganado (860 reses), aprovechando el agua de un río vecino que pasó a ser casi de uso exclusivo de los corruptos socios.
La recuperación hace justicia a campesinos que han esperado décadas para recibir un predio donde cosechar y demuestra que un terreno ocupado indebidamente por décadas, puede cambiar de manos para favorecer a quienes sí lo necesitan.
La historia comienza al empezar el siglo, cuando Laserna y Londoño compraron, según ellos, la inmensa finca a un colono por solo 520 millones de pesos (84 mil pesos por hectárea).
Laserna y Londoño argumentaron que el negocio fue legal, a “entera satisfacción” del vendedor, pero olvidan que los baldíos son de la Nación y no se pueden vender ni comprar.
En 2014, pidieron a la juez civil de Puerto Carreño (capital de Vichada) Derlis Vega otorgarles la propiedad del pedio. La funcionaria, con antecedentes en el mismo sentido, les otorgó lo que pidieron, pero falló a favor de Laserna y Londoño, pero cometió errores que la Agencia Nacional de Tierras puso en evidencia.
Desconoció la naturaleza de baldío del predio, y negó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según la cual, los jueces civiles no están facultados para fallar en torno de baldíos.
Ahora, gracias a la ANT, la Cotte reiteró que los baldíos no pueden ser objeto de comercio, y menos entregados a particulares como si fueran suyos.