El senador conservador Wadith Alberto Manzur Imbett, de Córdoba, y la representante araucana Karen Astrith Manrique Olarte, de las curules de paz, son oficialmente presidiarios, luego de que se entregaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que los juzga.

Reelegidos el 8 de marzo, los dos son acusados de participar de manera activa en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La sala de instrucción de la CSJ, también llamó a juicio por el mismo caso a los congresistas Julián Peinado, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, los tres del Partido Liberal, y al exrepresentante a la Cámara del partido Alianza Verde Juan Diego Muñoz.

El entramado criminal consistió en que el entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), compró congresistas con dineros públicos destinados a la atención de desastres, con el pretexto de que aprobaran iniciativas del Gobierno.

Manrique y Manzur formaron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso, encargada de aprobar o negar el endeudamiento estatal. La justicia los acusa de dar el visto bueno a créditos a cambio de direccionar hacia sus municipios y sus contratistas proyectos millonarios financiados por la Ungrd.

De acuerdo con el exdirector general de la Ungrd, Olmedo de Jes{us López Martínez, hoy, preso, Manrique se reunió varias veces con él y con funcionarios de su entidad en 2023, para revisar los avances de tres contratos por 92.000 millones de pesos.

La indicación era que debían ser entregados a dedo para asegurar los votos positivos de los seis congresistas. Los contratos serían destinados al municipio de Cotorra (Córdoba), al corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar (Bolívar) y a Saravena (Arauca), de donde es Manrique.

López asegura que Manrique le escribió en su libreta personal qué contratos se necesitaban para garantizar los seis votos en la comisión de Crédito —encargada de aprobar los préstamos internacionales para el Gobierno—, a qué municipios debían ir dirigidos y cuáles congresistas serían los beneficiados.

Todo esto después de llegar a un supuesto acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González.

El contrato de Saravena (Ara) de más de 32 mil millones, tenía oficialmente como objetivo construir obras de protección de riesgo y prevención de inundaciones en el río Bojaba.

Pero, según López, en realidad serviría para financiar a la guerrilla del ELN, que tiene desde hace décadas una fuerte presencia en la región.

Al final, ninguno de los tres contratos se firmó ni se ejecutó, porque los medios de comunicación denunciaron otro escándalo de corrupción en la entidad, y el presidente Petro le pidió la renuncia a López. Sin embargo, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia llevan dos años investigando a todos los implicados para determinar en qué delitos incurrieron.

Además de Mazur y Manrique, entre los acusados y capturados están los exministros de Hacienda Bonilla y Luis Fernando Velasco, del Interior; la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nieva; el exdirector López, y el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez.

Entre los legisladores, solo han sido capturados los expresidentes del Senado, Iván Leónidas Name Velásquez (Alianza Verde), y de la Cámara de Representantes, Andrés David Calle Aguas (PL).

El antiguo director del Dapre, artífice del plan delictivo, según la Fiscalía, Carlos Ramón González, está prófugo de la justicia en Nicaragua.