Muchos congresistas colombianos van a morir de angustia y de ira contra el presidente Gustavo Petro.

Muy probablemente, sentirán un pellizco en sus gordas billeteras, cuando Petro concrete su fórmula mediante la cual pretende recortarles los más de 52 millones de pesos mensuales que se embolsillan, muchos de ellos solo por decir presente cuando los llaman a lista.

Hasta ahora, más de 20 proyectos tendientes a reducir los sueldazos de senadores y representantes a la Cámara han fracasado: los congresistas han votado siempre en contra.

En un posteo en la red X, Petro dijo creer que conoce el método para bajarles a los congresistas los sueldos… y los humos.

El Ministerio de Hacienda redactó un borrador de decreto para eliminar una prima especial de servicios, que está entre $12 y 15 millones y se le paga mensualmente a cada congresista.

Solo se requiere de un decreto presidencial para eliminar esta prima, que se paga a los congresistas desde 2013, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos expidió el decreto 2170, que la creó.

En varios momentos se ha buscado derogar el decreto de Santos con la radicación de proyectos legislativos e incluso hay un proyecto activo, que no avanza desde hace más de una década en el Consejo de Estado.

El pago de esta prima no es de carácter obligatorio y así lo dijo la Casa de Nariño en el borrador de decreto, citando una sentencia de la Corte Constitucional.

El expresidente Iván Duque recibió una petición para que la eliminara y así se priorizara la atención de la emergencia por covid-19. 

Pero Duque desechó la petición.

Aunque a inicios de este año Cepeda radicó en el Congreso un proyecto para reducir los sueldos, estableciéndose un monto fijo de salarios mínimos, este se hundió en mayo por no contar con las mayorías requeridas. Tuvo 14 votos a su favor y necesitaba al menos 21. Con esto, el oficialismo quiso demostrar su respaldo a la reducción salarial, pero incluso en esta misma orilla política hubo militantes que se opusieron.  

En julio de 2022, por ejemplo, Cepeda y el entonces senador Gustavo Bolívar dijeron que la reducción a los salarios debía aplicarse, pero solo a partir de 2026, pues ya muchos legisladores tenían deudas adquiridas por la campaña, cuyo pago podría verse afectado con el reajuste en el sueldo. 

Tiempo después fue la senadora Isabel Zuleta quien elevó sus dudas, expresando que se esforzaba por ganarse su salario y que sus gastos personales eran elevados. "Nadie discute cuánto es el salario de un congresista porque se le reconoce su esfuerzo. Yo he visto en este Congreso esfuerzo y me he pasado noches enteras leyendo un montón de leyes". 

En todo caso, y luego de más de 20 proyectos hundidos en el Capitolio, el Gobierno alista la reducción de los salarios de los legisladores para seguir cultivando su golpe de opinión ante el electorado y de alguna manera tapar el hueco fiscal del Presupuesto de 2026, que supera los $16 billones. 

El decreto no ha sido expedido oficialmente y aunque la medida aplicaría únicamente para los congresistas que se posesionen el 20 de julio de 2026, la movida del oficialismo genera malestares y refuerza el distanciamiento que hay entre Legislativo y Ejecutivo.