Sr. Malajunta

La prensa institucional, p. ej. El Tiempo, ha llegado a extremos tan abyectos, que los hechos, por muy importantes que sean, dejaron de ser noticia, porque, ahora, la noticia es el presidente.

Cualquier cosa que ocurra es noticia, si y solo si es el presidente el que la anuncia, la comenta, la manosea.

Este domingo, ocurrió un hecho muy importante: cesó el fuego en un incendio que amenazaba a un ducto de gas en Tolima.

Pero, para el diario, eso no fue la noticia.

En primera plana de su edición digital, en tres inusuales líneas, publicó su principal titular así: “Presidente (…) confirmó control de incendio en Gualanday que amenazaba gasoducto en Tolima” (Los puntos suspensivos son edición del autor de este texto).

No importa que se haya apagado el fuego arrasador. Tampoco, que el gasoducto se hubiera salvado y, con él, quizás una tragedia.

Lo trascendental, lo importante, lo clave, lo noticioso fue que el presidente lo dijo.

A renglón seguido, en un sumario, el periódico repitió: “informó (el presidente) que la emergencia fue contenida en el sector, mientras continúan las labores contra otras conflagraciones”.

Si él no lo hubiera mencionado, para toda Colombia, probablemente la extensión del incendio no hubiera sucedido.

Aunque los bomberos del Tolima o las autoridades de ese departamento hubieran anunciado que el peligro quedó atrás, no hubiera sido un hecho publicado. Solo lo que dice el Milagrero Mayor se puede publicar.

Nadie tiene la oportunidad de ser fuente de un hecho noticioso importante. Solo él, el taumaturgo de vereda. El mero mero. El Gran Burundú Burundá. El Non Plus Ultra…

Los demás, que callen. Que ni siquiera abran la boca.

Pero, además, la información publicada repite palabras presidenciales hablando de lo obvio.

“…señaló además que seguirán las investigaciones para establecer las causas de las emergencias y que las operaciones se mantendrán hasta lograr apagar todos los incendios”.

Según los primeros principios del periodismo, del serio, del real, del verdadero, lo obvio, lo lógico jamás es noticia.

Y seguir combatiendo el fuego hasta apagarlo es de lo más obvio. Es lo que se espera, ¿o no?

Es lo mismo que cuando dicen que un crimen será investigado por las autoridades. Pues claro, obvio, lógico, es lo que corresponde.

Noticia sería que no lo hicieran.

Pero, claro, para la prensa de siempre, la arrodillada, la infame, la traidora de los intereses populares, si es El Hombre quien lo dice, es gran noticia y hay que publicarla.

Desde luego, depende del presidente.

Porque, hasta hace quince días, hechos muy importantes para beneficio de los colombianos fueron silenciados, aunque los anunciara el presidente Gustavo Petro.

Los grandes medios callaban respecto no solo de esos hechos, sino del propio presidente.

Lo nombraban solo para lanzarle acusaciones, muchas, muchas veces falsas, para vituperarlo, para ofenderlo, para desprestigiarlo, para pretender mermarle el respaldo popular.

En cambio hoy, cuando el Gran Mandamás anunció en campaña que iba a destripar a la izquierda, cobardes, arrodillados, abyectos, infames, todos los grandes medios callaron.

Los periodistas de esos medios no dijeron ni el mú que les corresponde como semovientes. Porque las redacciones de hoy no son más que hatos administrados por capataces ignorantes.

Por fortuna, no tuve oportunidad de ver cómo publicaron estos grandes medios la ocurrencia del gran terremoto.

Pero es muy probable que, a la manera del incendio, hayan publicado algo así como: “El presidente (…) anunció terremoto que destrozó a Colombia”.

Que millones y millones hubiéramos sentido el sismo y sufrido las consecuencias, los hubiera tenido sin cuidado. Eso no hubiera importado.

Lo noticioso era citar el nombre de quien no los gobierna sino que les ordena.

Hay que pregonar sus milagros, aunque hasta ahora no haya realizado ninguno. Ni los hará.

Para hacer milagros se necesita ser por lo menos buena persona.

Pero Petro, si bien cuestionó hasta el cansancio a la prensa privada, aclaró una y otra vez que no clausuraría canales de televisión ni periódicos, y eso, efectivamente, no ocurrió. Nunca hubo censura y los medios cumplieron su labor de atacar, informar, cuestionar o tragar entero, según el caso.

Sin embargo, sorprende que, en plena época de la maravillosa patria prometida, una de las primeras decisiones sea silenciar el sistema informativo de RTVC —hoy Inravisión— y, especialmente, a las emisoras de paz.

Las 20 emisoras de paz, creadas tras el acuerdo firmado con las extintas FARC, han permitido que más de 460 mil personas que habitan en zonas rurales vulnerables tengan acceso a información pública, la cual no solo se centra en las decisiones del Gobierno, sino también en espacios que les permiten enterarse de lo que ocurre en sus territorios.

Ahora, las emisoras solo transmiten música y su programación está centralizada —por decisión del hombrecito de las regiones— en Bogotá.

Una de las excusas para comenzar a tomar estas decisiones es “acabar con el aparato de propaganda”, pero el empobrecido gabinete del hombrecito parece olvidar que la propaganda en los medios públicos no se dio únicamente durante el gobierno de Gustavo Petro.

En tiempos de Álvaro Uribe, algo más de 300 consejos comunitarios fueron transmitidos ininterrumpidamente, mientras se acababa con 41 años de existencia de Inravisión, entidad liquidada durante su mandato.

Juan Manuel Santos orientó la comunicación estatal hacia los Diálogos de Paz de La Habana, y luego tuvimos a Ivancito, quien durante ocho meses presentó un espacio televisivo que se extendió innecesariamente durante la pandemia.

El gobierno de Petro sí difundió contenidos sobre su mandato, pero, por alguna extraña razón, el énfasis que se da en los “exhaustivos análisis” es que RTVC tuvo un enfoque militante y de proselitismo de izquierda.

¡Uy! ¡Qué miedo con la izquierda, que tiene aspecto de indígena, que habla en lenguas extrañas y desconocidas para los eruditos de derecha! ¡Qué pánico que en los medios públicos se vieran tantos rostros diversos! ¡Qué horror ver a esa gentuza “disfrazada” y con pieles reales!

Olvidan, ignoran y se rehúsan a admitir que, cuando un gobierno de derecha utiliza los medios estatales para transmitir propaganda institucional, esto suele verse como un acto tradicional de comunicación, pero si lo hace el progresismo, suele ser etiquetado bajo narrativas de “adoctrinamiento”, en franca evidencia del sesgo existente en la cultura política del país.

Mientras la derecha margina de las pantallas oficiales las realidades de las minorías étnicas, los movimientos de diversidad sexual o las protestas campesinas, presentándolas como “alteración del orden público” o simplemente ignorándolas, si el progresismo prioriza otras identidades, eso se convierte en un pecado: la ideologización de todo aquello que se prefiere ocultar.

Es tan pobre la argumentación del actual gobierno que solo busca centralizar su crítica en Petro y es por ello que demuestra su cobardía para recordar otros gobiernos de derecha, pues hacerlo debilitaría su discurso, enfocado en desmontar el legado progresista. Será incapaz de evocar el pasado mientras este no aporte a su estrategia de consolidarse como una figura de ruptura, y solo se concentrará en Petro.

Mientras tanto, la posibilidad de que las comunidades se enteren, incluso de lo que acontece durante este mandato, quedó borrada gracias al invento del silenciador: ese extraño dispositivo democrático que, en nombre de acabar con la propaganda, termina apagando voces; que, en nombre de la descentralización, concentra; que, en nombre de la pluralidad, uniforma.

En adelante, el reto será plantear cómo hacer del sistema de medios públicos una red verdaderamente independiente, cuyo control no esté, de forma alguna, en manos del gobierno de turno, sino que constituya un espacio de derechos democráticos permanentes, plurales y garantizados para toda la ciudadanía.

El problema no es quién habla desde los medios públicos, sino quién tiene el poder de apagarlos. Esta vez, al parecer, el poder lo tiene el silenciador, ese hombrecito que llegó prometiendo escuchar al país, pero empezó por bajar el volumen de quienes ya tenían un micrófono.

Sr. Malajunta

Así comenzó Vietnam. ¿Esa historia se repetirá en Colombia?

Empezaron 34 asesores. Sus funciones eran aconsejar, en logística y levantamiento de inteligencia, al Gobierno de Vietnam, en su guerra contra Vietnam del Norte.

Poco a poco, de la simple asesoría pasaron al combate.

Veinticinco años después, el 30 de abril de 1975, con una derrota descomunal a sus espaldas, los últimos de 2,7 millones de combatientes de Estados Unidos salieron en estampida de Vietnam.

Es la historia. Los 34 se convirtieron en millones, de asesores pasaron a combatientes, de extranjeros a dueños del país. En Vietnam solo se hacía lo que dijera Washington.
Esta vez, los asesores están en Colombia, y según el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, vienen a echar tiros, aunque el Gobierno colombiano lo niegue haciendo cruces con patas y manos.

Las palabras de Hegseth son claras: "A través del recién inaugurado presidente, Colombia ya ha solicitado que el Departamento de Guerra se una a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir a los terroristas y sus redes".

¿Qué niegan, entonces, los nuevos gobernantes? Mejor dicho, ¿por qué mienten?

Desde luego, esa autorización es inconstitucional. Solo el Senado puede autorizar ese tipo de actividades de tropas extranjeras.

Pero, no hay que olvidarlo: el nuevo gobierno es la ley.

En Vietnam, el involucramiento masivo en la batalla surgió a raíz de un incidente inventado. Para entonces, los soldados estadounidenses ya participaban en misiones de combate. Pero el incidente les abrió las puertas a 2,7 millones más.

Una noche de tormenta, las baterías de artillería de Vietnam, activadas por soldados estadounidenses y vietnamitas, descargaron durante horas miles de municiones sobre el Golfo de Tonkin, para rechazar un ataque de soldados comunistas del Norte.

Solo que tal ataque nunca ocurrió.

Y pese a que oficiales honrados de Estados Unidos dijeron que todo era falso, Washington envió oleada tras oleada de aviones cargados de miles de soldados apertrechados como si fueran para la última batalla de la última guerra.

Llevaban con ellos el Napalm, una gelatina de gasolina que se dispara con lanzallamas, o en bombas, que se adhiere a todo lo que toca y solo se apaga cuando se consume la totalidad del combustible.

Las personas prácticamente se evaporaban en llamaradas terribles. La vegetación también desapareció y casi todo Vietnam se convirtió en un inmenso peladero infame.

Esta vez, los combatientes vienen a Colombia con la misión de disparar contra los que llaman blancos terroristas: guerrilleros, cocaleros, sospechosos, indios, marineros de cabotaje y, en fin, contra todo el que les huela a feo.

Ya lo demostraron con los pescadores desarmados que asesinaron en altamar.

¿Cuál será nuestro Tonkin, cuál el comienzo de nuestro Vietnam? Porque, como vamos, seremos un Vietnam, o un Afganistán, con la complacencia absoluta y estimulante de la gente del Palacio de San Carlos, y el silencio cobarde del Congreso. De todo el Congreso. De todo.

¿Cuál será, en serio, nuestro Tonkin?

¿Unas ráfagas inventadas contra una base donde había soldados extranjeros, hechas supuestamente por gente de Primera Línea, o por manifestantes del Pacto Histórico?

¿Un helicóptero mal operado, estrellado en Sardinata o en Toribío o en Barbacoas, y que permitirá culpar a campesinos con escopetas de cacería?

Inventar algo así tendría un múltiple propósito: involucrar de manera masiva a Estados Unidos en la guerra interna, establecer en Colombia la cabeza de playa que Washington siempre ha pretendido, para una hipotética guerra continental, y, para los ilegales de San Carlos, comenzar el destripamiento anunciado de la izquierda. Sí, el destripamiento fue el término usado, y será el resultado de la criminal acción prevista.

A los hechos violentos que hasta hace pocos días la prensa corporativa llamaba terrorismo, con todas sus letras, y que eran narrados con un tono luctuoso y gravísimo, ahora, bajo el nuevo gobierno —en el que ya se han registrado atentados—, un periodista simplemente los calificó como “pequeños hechos de orden público”.

Lo dicho por el presentador de televisión fue lo siguiente: “Hubo varios hechos, podríamos decir, pequeños, en el país, en materia de orden público. Cuando digo pequeños es que no son fuertes atentados terroristas, pero se registraron varios hechos. Por ejemplo: hubo una explosión que se registró en la ciudad de Manizales (...); hubo otros hechos que se registraron en San José del Guaviare”.

Este rápido —aunque no inesperado ni sorprendente— cambio de tono y de enfoque puede analizarse como una modificación del encuadre periodístico, susceptible de ser interpretada en el contexto político actual y que, desde la ética periodística, puede constituir un doble estándar en el tratamiento informativo.

El periodista no cambia los hechos, pero sí la manera de nombrarlos. Y la denominación elegida no es inocua: las palabras empleadas contribuyen a orientar la interpretación que el público hace de aquello que se informa.

Hablar de “terrorismo” implica evocar gravedad, amenaza, violencia política e inseguridad. En cambio, “hechos de orden público” corresponde a una fórmula más administrativa y, aparentemente, menos grave. Añadirles el calificativo “pequeños”, además de minimizar su dimensión, introduce una valoración explícita sobre su magnitud.

¿Es solo un asunto de estilo? Claramente, no. Hasta hace apenas unos días, el mismo medio utilizaba categorías más graves para referirse a hechos similares cuando gobernaba una corriente política progresista. Si la elección de las palabras cambia dependiendo de quién ocupa el poder, podríamos estar ante un doble estándar en el tratamiento informativo.

No sería extraño, entonces, que de aquí en adelante comenzaran a utilizarse eufemismos a diestra, mas no a siniestra, para sustituir no solo determinadas expresiones, sino también la percepción sobre hechos concretos que el público pueda considerar graves, negativos o incómodos, por formulaciones menos perturbadoras.

Queda nuevamente en entredicho la objetividad periodística. Esta, si bien no exige utilizar exactamente las mismas palabras en todos los casos, sí demanda que las decisiones lingüísticas sean coherentes con la naturaleza de los hechos, estén sustentadas en criterios periodísticos verificables y no respondan arbitrariamente a la posición política de la empresa informativa ni cambien de manera conveniente según el gobierno de turno.