La India Menta
Las taras arribistas del nuevo gobierno no se han hecho esperar. La última perla salió del Ministerio de Agricultura, cuyo titular ni siquiera vale la pena nombrar: resulta tan insignificante como la palabra que quiere borrar del diccionario histórico del país: campesino.
El ministrico es medio hermano del fallecido Silvestre Dangond Lacouture, antiguo representante legal de Palmas Oleaginosas de Casacará, quien —bendito sea en el más allá— aportó cinco millones de pesos a la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez y recibió, durante el programa Agro Ingreso Seguro, un subsidio para riego y drenaje por 447 millones de pesos.
Comprensible, entonces, que el doctor quiera enfocarse ahora en el riego para los “productores rurales”, pero no para los campesinos, a quienes pretende llamar “empresarios del campo”, porque la palabra campesino es despectiva, dijo en el Congreso.
Hablar de “empresarios del campo” no es una manera más amable de decir algo ni, como él mismo aseguró, una forma de “subirle el estatus” al campesinado. En este caso, lo que se pretende es sustituir una identidad histórica y constitucionalmente reconocida por una categoría económica que resulte más conveniente para el discurso oficial.
Reconocer al campesino colombiano remite a una identidad social, histórica y territorial: evoca economía familiar y campesina, comunidad, territorio, cultura, y reivindicaciones políticas. “Empresario”, en cambio, introduce un marco de negocio, competitividad, productividad, rentabilidad y mercado.
Si bien la expresión “empresarios del campo” ya aparecía en el discurso institucional desde el gobierno de Juan Manuel Santos, aquí estamos ante algo más peligroso: un reencuadre discursivo que puede terminar despolitizando a una población históricamente invisible.
Si un campesino deja de ser reconocido como sujeto social y pasa a ser entendido como un empresario, poco importan su historia, sus derechos o las condiciones estructurales que determinan su vida. Lo relevante será que produzca, venda, sea competitivo y genere rentabilidad. Y, claro, poco importa entonces cómo se produce, quién tiene la tierra o quién se queda con las ganancias.
El “empresario del campo” necesita crédito, tecnología, mercados y productividad. El campesino, debe exigir tierra, reforma agraria, protección de su territorio, reconocimiento de sus formas de organización y garantías para permanecer en él.
¿Acaso se pretende hacer desaparecer aquello que hace al campesino? ¿Por qué, para "mejorar" su valor, hay que convertirlo lingüísticamente en empresario? ¿Qué realidad se oculta con la sustitución de una palabra? Y, sobre todo, ¿qué políticas se vuelven más fáciles de justificar cuando se cambia el nombre del sujeto?
El campesino no es solamente una categoría ocupacional. En Colombia tiene una historia política, muy grande para esconderla detrás de una etiqueta empresarial. Hablamos de reforma agraria, concentración de la tierra, economía campesina, movimientos campesinos, conflicto armado, desplazamiento, organizaciones rurales y soberanía alimentaria.
Por eso, sustituir “campesino” por “empresario” elimina al sujeto con derechos que reclama transformaciones sobre la tierra y el territorio, para pasar a una unidad productiva que debe ser más eficiente.
No olvidemos que con otros eufemismos también se han cometido crímenes. “Seguridad Democrática”, por ejemplo, fue una denominación amable para que las prácticas de Estado se convirtieran en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.
La supuesta sofisticación del ministrico es convenientemente simple: si el problema ya no es el campesino sin tierra, sino el empresario, tampoco hace falta hablar de redistribución, reforma agraria o derechos territoriales. Basta con crédito, riego, productividad y competitividad.
No es que la palabra produzca por sí sola la política. Es que la palabra puede preparar el terreno para determinadas políticas y hacer que otras parezcan innecesarias, inconvenientes o incluso atrasadas.
Es la vieja fórmula aplicada con palabras nuevas: despolitizar a las mayorías, cambiarles el nombre y después explicarles que el cambio se hizo por su propio bien. Sí, otro falso positivo, esta vez lingüístico.
Parafraseando aquellas columnas del ministro en las que le decía al expresidente Gustavo Petro que se dejara ayudar, que eso no duele, desde acá le decimos:
Déjese de pendejadas, ministro, que decirle campesino al campesino tampoco duele.
¿Hacer referencia a la salud mental de un presidente latinoamericano?