Con dos coordinados, y nada sutiles movimientos, el presidente de la República movió el límite legal para la calidad, la capacidad y la publicidad de la contratación estatal, con el fin de completar los cargos administrativos y directivos más relevantes del Estado, que no ha podido surtir en ya dos semanas de Gobierno.
Con profunda inquina en la ley, y un desparpajo a la hora de su deshonroso actuar, el Gobierno tendrá la capacidad de nombrar a su antojo, como casi siempre, pero ahora sin la capacidad de un evaluado técnico, o de al menos, un control político o ciudadano de quienes en nombre de la Patria Milagro lleguen a jefaturas, direcciones y despachos administrativos en el Estado.
El límite corrido tiene que ver con la renombrada, y objetada, ley 056 de 2024 (Cámara) 245 de 2024 (Senado), llamada ‘Por la cual se prohíbe la disminución de los requisitos mínimos para acceder a cargos del nivel directivo en el sector público y empresas con participación estatal del orden nacional, y se dictan otras disposiciones’.
