Atrabiliarios, déspotas, maltratadores, abusivos, violentos  y crudelísimos hasta el tuétano.

Así son los enfermos ejecutores de la política de exterminio del Gobierno que busca limpiar a fondo la administración de unos 500,000 maltratados contratistas del Estado. Y a incontables empleados y funcionarios públicos.

Nombres como Juan Carlos Capacho, Jairo Mesa Guerra y Carlos Andrés Ríos Puerta, están asociados a actos de crueldad, despotismo, abuso, maltrato y violencia en entidades oficiales.

Cualquiera de los tres recuerda sin esfuerzo a Heinrich Himmler, el siniestro jefe de las SS y de la Gestapo del régimen fascista de Adolf Hitler, o a Tomás de Torquemada, el siniestro inquisidor español.

Arquitecto de la infame Solución Final, el plan de exterminio de los judíos de la Alemania Nazi, Himmler convirtió el odio ideológico del régimen en una maquinaria de exterminio a través de campos de concentración.

Torquemada, por su parte, convirtió su nombre en un símbolo histórico de fanatismo religioso y del uso sistemático de la tortura y la hoguera, aunque sus defensores lo retratan como un gestor austero al servicio de la unidad estatal

En Colombia, al menos estos tres personajes, están imitando a Himmler, transformando el odio del régimen hacia sus opositores en una enorme barredora de empleados, funcionarios y contratistas oficiales.

Las razones para caer en desgracia son tan triviales como haber y trabajado para gobiernos anteriores o tener vínculos con políticos, incluso afines al Gobierno, que están en la lista negra del régimen, ser homosexuales o tener preferencias sexuales diversas, ser ateos o alguna vez haber expresado simpatías por los acuerdos de paz.

Los tres y otros llegaron “como una jauría en cacería” de cualquier que sea o piense distinto a ellos” y han desatado “el canibalismo entre compañeros, han desatado juegos del hambre despiadados e incentivado los chismes y las intrigas”, según el columnista Alfredo Molano, de la revista Cambio.

El columnista cita testimonios que demuestran cómo actúan estos dictadorzuelos de despacho público, y reseña que los contratistas trabajan como si fueran funcionarios del Estado, pero en precarias condiciones laborales. No reciben pago de su seguridad social ni tienen derecho a prima, no gozan de vacaciones y usualmente tienen 10 meses de contrato al año. Los pagos se retrasan meses. Contra ellos, la jauría ha descargado todo sunodio y sus prejuicios. No les vale que muchos sean auténticos servidores públicos que llevan décadas trabajando para el Estado, sin importar el Gobierno que esté y que conozcan las entidades mejor que sus jefes”.

De Carlos Andrés Ríos Puerta, director del sector paz del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Molano escribió:

“… Ha sido tan arbitrario, humillante e indiscriminado el tratomque han recibido de parte de la nueva cuadrilla en el poder, que hay historias por decenas. La mayoría las cuentan bajo anonimato, por temor a las represalias.

“Como la de una politóloga cabeza de hogar que lleva 20 años trabajando en el Estado. Tiene dos hijas y no recibe salario desde agosto. Está desesperada con la deuda del arriendo y el colegio de la hija chiquita, y ya no sabe cómo encarar a su otra hija, que empieza la universidad y a la que no puede darle para el transporte y unas onces. Está arrinconada. No tiene supervisor del contrato desde que llegó el nuevo Gobierno, porque declararon insubsistentes a todos los de planta, entonces no hay quien le asigne tareas de acuerdo con sus funciones, y como no recibe instrucciones, no tiene con qué llenar el informe de gestión, que es requisito para pasar la cuenta de cobro. Las trampa es perfecta: no te dejan trabajar, no puedes cobrar tu salario y además te amenazan con declarar el incumplimiento del contrato por no trabajar.

“Esta mujer trabaja para el sector paz del Dapre, donde su director, Carlos Andrés Ríos Puerta, quien también es consejero de paz encargado, ha congelado todas las actividades de la entidad t fue a decir en nel Congreso, sin ruborizarse, que no puede pagar las obligaciones del Estado con los reincorporados ni con las comunidades priorizadas en el Acuerdo de Paz, por culpa de los contratistas. En este ambiente, le ha pedido a la genta que ceda sus contratos por mutuo acuerdo, pero, de no aceptar la fórmula, la amenaza es declarar el incumplimiento del contrato y la terminación unilateral…”, algo que les genera muchos problemas a los contratistas, pues una de las sanciones es no poder contratar con el Estado durante cinco años, y las aseguradoras no les extenderán más pólizas.

“Esta crueldad no se vivió en ningún otro gobierno (palabras de un funcionario, en anonimato). Hay personas que trabajaron con Santos y con Duque y están siendo víctimas de este mismo maltrato. Nunca habíamos visto algo así, y hay muchos que son realmente técnicos, gente que no se mete en política y que conoce a la entidad para la que ha trabajado años honradamente. La estrategia aquí ha sido afectar económica, moral y profesionalmente a los contratistas. Tenemos información de las entidades, porque ellos no quisieron hacer el empalme, pero no les importan las políticas públicas: vienen a arrasar, a ejercer castigos ejemplarizantes, a humillar a la gente. Una técnica parecida a la que utilizó el paramilitarismo, al que no le bastaba con matar, sino que lo hacía con crueldad, para esparcir terror…”

De Juan Carlos Capacho Delgado, un político mediocre de Norte de Santander, que no pudo llegar a la Cámara de Representantes, Molano dijo:

“En el Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha pasado algo muy parecido. Con otras formas, pero con igual sevicia, Allí, Juan Carlosw Capacho, un político nortesantandereano, fue nombrado director de Estrategia Regional. Varios contratistas narraron un episodio en el que convocó a una reunión a todos los funcionarios y prestadores de servicios, pero no lo hizo a través de los correos institucionales, sino mediante mensajes de WhatsApp y voz a voz. Los citó a las 7 de la mañana y llegó a las 9:30, con aires de patrono. Echó un discurso de la Patria Milagro y dijo que el presidente y el director del DNP, Julián Buitrago, lo habían nombrado para devolverle el buen nombre al DNP y limpiar la entidad 

“Nos trató como estúpidos, como corruptos, como personas desechables, sin derechos. Después del discurso dijo que va a revisar contrato por contrato con lupa y función por función. Y que se alisten, porque a muchos les van a rescindir el contrato. En la reunión éramos como 90 contratistas, y a quienes faltaron (unos 15), ordenó iniciarles la terminación unilateral de sus contratos. Luego mandó un formato para que hiciéramos un reporte con la información a la que ellos pueden acceder en un sistema y amenazó con que el documento será revisado por control interno.

“Uno se siente y se sabe echado, pero el maltrato ha sido salvaje. El tema de los pagos como instrumento de presión ha sido inhumano. Y antes de irse, dijo que no iba a hablar con nadie directamente, presentó a dos asesoras, abogadas, y dijo que son el único canal de comunicación con él. Dejó a todo el mundo temblando y tiró un portazo, relató un economista que lleva ocho años como contratista”.

Sobre Jairo Mesa Guerra, el columnista señaló:

“En el ministerio de Agricultura se ha vivido una intensa persecución por parte de Jairo Mesa Guerra, ex superintendente de Notariado y Registro, quien funge como director de Ordenamiento. “Mesa ha pedido a los contratistas no ir a las oficinas y solo ha citado a dos reuniones. En la última, increpó a Juan Felipe López, un politólogo de 36 años, a quien le dijo: “Me tiene en problemas con el ministro por sus mensajes en redes. Él está furioso por sus publicaciones y vamos a declarar el incumplimiento de su contrato. López preguntó a qué se refería y Mesa le mostró el pantallazo de un posteo de la Red de Reforma Agraria, a la que el politólogo le dio “me gusta”. Por eso, le asignó la autoría de la crítica y repitió qe el ministro estaba furioso y que tomarían medidas respecto del contrato. Además, dijo que todos los empleados están siendo monitorizados en las redes”.

En el ICBF ocurre algo similar: presiones, maltratos, señalamientos. No les pagan a los contratistas, no hay claridad en la supervisión y les prohibieron asistir a cualquier espacio de participación, reunión o mesa de trabajo, sin la autorización de  una de tres personas: Óscar Rodríguez, Ricardo Doimínguez y Mauricio Argüello. Con ello, ningún contratista puede ejercer sus funciones, lo que los obliga al incumplimiento y facilita que los cancelen.

El mismo esquema ha sido puesto en práctica en al menos 20 entidades más.